Todo el mundo conoce personas con altas responsabilidades que deberían ser cesadas por maniobras poco claras o abiertamente delictivas. Pero hay también personas con altas responsabilidades que merecen la expulsión por su torpeza superlativa, por ser lo que popularmente se llama un chapuzas.
El listo pillado en falta merece castigo siempre, pero lo merece aún más quien cava su propio hoyo por su falta de cabeza, como lo merece quien piensa que su influyente estatus social, político o profesional le libra de la acción de la justicia. Y aún hay un tercer perfil especialmente irritante: el que comete falta, o delito, pensando que nadie se dará cuenta; es decir, el bobo que además de bobo piensa que son bobos todos los demás.
Ante un Fiscal General del Estado que borra todos los mensajes de wasaps recibidos para impedir así que puedan ser investigadas sus presuntas fechorías, un FGE que elimina su cuenta personal de correo por el mismo motivo, un FGE que no cae en que ya puede borrar lo que sea que no sirve de nada si las personas que recibieron sus mensajes o le enviaron mensajes, no lo hicieron también, porque ellos tienen la prueba de la presunta fechoría; un FGE que argumenta que el borrado venía obligado por protocolos de seguridad, afirmación que no sostienen sus colaboradores y otros fiscales. Un FGE, en resumen, que se mete en todos los charcos porque no dedica ni un minuto a reflexionar sobre sus circunstancias y cómo salvarlas, no merece el importante cargo que ocupa.
Por no mencionar que no es de recibo utiliza todas las armas a su alcance, que son muchas -es una de las más altas autoridades del Estado- para tratar de desacreditar a los jueces que le llaman a capítulo y a los fiscales - incluidos varios del Supremo- que no respaldan sus actuaciones. Cuestiona el trabajo de la UCO, destacados miembros de la guardia civil encargados de investigarle por orden del juez instructor. Y no solo cuestiona, sino que descalifica también, a los periodistas que un día y otro publican informaciones que le comprometen seriamente. Ante ese cúmulo de errores, iniciativas y comentarios sesgados de tan alta autoridad, se llega a la conclusión de que los españoles no merecen un Fiscal General del Estado que se comporta de forma tan sospechosa cuando se ve investigado por profesionales que saben cómo actuar ante la corrupción.
Tampoco merecen los españoles su reacción ante hechos de gravedad que él sin embargo presenta como insignificantes, dando a entender que quienes exigen respuestas a su comportamiento, no tienen ni idea de cómo funciona la justicia y qué marcan las leyes.
Cualquiera que se encuentre en una situación tan incómoda como la de Álvaro García Ortiz, situación que afecta a su prestigio personal y profesional, se defendería con más inteligencia. Pero se está comportando como un adolescente furioso, rabioso, que cree que el mundo entero se ha levantado contra él, y a su alrededor no encuentra más que incomprensión.