La Red Tajo y Fundación Nueva Cultura del Agua y la Asamblea para la Defensa del Río Tajo de Aranjuez denuncian que la Comunidad de Regantes del Canal de las Aves quiere vender sus derechos de riego a la empresa Aguas del Almanzora, S.A. que abastece a varias comunidades de regantes en la provincia de Almería, y piden la Dirección General del Agua  del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que no lo autorice.

 Así lo hacen después de que la Comunidad de Regantes aprobaron en Junta General Extraordinaria celebrada en Aranjuez el pasado 4 de febrero la venta del agua de riego de sus tierras a esta empresa. A su juicio, «esta venta supone en la práctica un trasvase de agua desde la cabecera del Tajo hacia Almería a través de la infraestructura del trasvase Tajo-Segura, y un enriquecimiento de los miembros de la Comunidad de Regantes por la venta de un bien público que han disfrutado gratuitamente durante décadas».

La Red Tajo y Fundación Nueva Cultura del Agua y la Asamblea para la Defensa del Río Tajo de Aranjuez denuncian el «despropósito ambiental insostenible, que sustituye el sentido común por un sentido estrictamente económico que trasvasa los ríos al desierto y los desiertos a los ríos y su entorno» que supone la planificación de Aguas del Almanzora, S.A., «una empresa de riegos de Almería cuyos accionistas, a pesar de practicar una agricultura intensiva con modernos sistemas de riego, no tienen suficiente con sus propios recursos, ni siquiera sumados a los aportados por dos trasvases: el Trasvase Tajo-Segura y el Trasvase Negratín-Almanzora». A empresa es a la que la Comunidad de Regantes del Canal de las Aves pretende vender un volumen de agua equivalente a 70 días de caudal ecológico del Tajo.

En consecuencia, apuntan, «las administraciones competentes tienen la obligación de evitar estos negocios, máxime cuando otras Comunidades de Regantes de la demarcación hidrográfica del Tajo como las de la Real Acequia del Tajo y Caz Chico y Canal de la Azuda, o la del Canal del Henares también se plantean dejar sus tierras sin riego para vender el agua a los usuarios del Trasvase Tajo-Segura». Al ser una cesión de derechos entre cuencas, apunta Nuria Hernández-Mora de la Red Tajo, tiene que ser autorizada expresamente por la Dirección General del agua, la venta no sería posible en caso de silencio administrativo en los dos mese que tiene para contestar. «Una cosa es que dentro de un periodo de sequía, la administración establezca un sistema para reasignar agua teniendo en cuenta el interés general, pero en las circunstancias actuales, no tiene ninguna justificación y entre cuencas, los impactos de la compra y la venta son inaceptables», explica Hernández-Mora.

Demandan que la Dirección General del Agua informe negativamente esta solicitud de cesión de derechos y solicitan que la Confederación Hidrográfica del Tajo, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha, «en el ejercicio de sus competencias, se opongan a esta cesión y se resuelvan desfavorablemente estas ventas de agua que afectarán negativamente al estado o conservación de los ecosistemas acuáticos y a la ciudadanía ribereña».

Perjuicios. Los denunciantes recuerdan que la Directiva Marco de Agua afirma en su primer considerando que «el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal». La legislación española de aguas establece que esta es un bien público cuyo uso privativo mediante concesión administrativa está subordinado al Interés general. Sin embargo, sucesivas reformas permitieron la venta de derechos entre concesionarios, en principio de la misma cuenca, y  más tarde el Memorándum del Tajo permitió entre distintas cuencas, usando el trasvase, previa autorización expresa de la Dirección General del Agua, lo que permite a los agricultores de Levante hacer estas operaciones. En concreto, apunta Henández-Mora, Aguas de Almanzora está llamando a todas las puertas donde hay infraestructuras del trasvase, «porque realmente nunca nada es suficiente», sin tener en cuenta los impactos ambientales o el bien común, algo por lo que deben velar en su caso las administraciones.

La Comunidad de Regantes del Canal de las Aves riega unas 3.800 hectáreas en los municipios de Aranjuez, Añover de Tajo, Villaseca de la Sagra y Toledo con una concesión de 37 hectómetros cúbicos al año. Aunque según ley solo podrá vender el volumen que demuestre que ha utilizado los últimos tres años, apunta Hernández-Mora, en el Tajo ha habido muchas irregularidades en ocasiones anteriores. Esta venta de agua podría reportar a los propietarios de las tierras un beneficio particular de entre 3.500 y 4.000 euros por hectárea y año «por vender un bien público y no ejercer su actividad agrícola». Los denunciantes afirman que «de autorizarse, sería insolidario con otros usuarios de la cuenca y medioambientalmente nefasto para el río Tajo, sus ecosistemas acuáticos y las poblaciones ribereñas».

No en vano, el índice de explotación del Tajo en su curso alto hasta Aranjuez es el más alto de toda la cuenca (71 por ciento), y el Tajo es uno de los ríos más explotados de Europa. Soporta en su tramo alto y medio una situación crónica de estrés severo que impide su conservación en un estado aceptable o garantizar su sostenibilidad futura, situación agravada por la disminución de más del 40 por ciento de las aportaciones de agua en su cabecera como consecuencia del cambio climático y el trasvase.

«Las ventas de agua propuestas supondrían una disminución adicional de los caudales de agua de calidad que circulan desde la cabecera del río hasta las zonas regables del Canal de las Aves», apuntan los denunciantes, y se perdería el 40 por ciento del agua de riego que retorna al río y es vital «para aliviar la situación de insalubridad del Tajo a su paso por Toledo y la falta de caudal en Talavera de la Reina. También son importantes para disminuir la alta concentración de sales y sulfatos en el tramo de Aranjuez».