El estado de deterioro de la estación de autobuses ha tenido como consecuencia que la concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Toledo y la consejería de Fomento de la Junta decidan echarse un pulso. Sin embargo, la posible derrota de una de las partes dejaría consecuencias aún más notorias para cualquiera de las dos.

Ante una situación en la estación toledana que no es novedosa, con locales comerciales vacíos, escaleras mecánicas y ascensores sin funcionar, o la conjunción de un espacio inseguro y sin vigilancia, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento, Iñaki Jiménez, decidió dar un paso adelante en este tira y afloja por ver quién debe hacerse cargo de los 'puntos negros' en la gestión de este inmueble. Lo hizo públicamente en una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, en la que avanzó que se iban a iniciar los trámites para la rescisión del contrato por el cual el consistorio debe encargarse del mantenimiento del inmueble desde 1986 y hasta los 75 años posteriores.

Una amenaza que no fue bien recibida en la Junta de Comunidades. En primer lugar, la consejera portavoz, Esther Padilla, señaló a preguntas de los medios de comunicación y nada más conocerse las intenciones de Jiménez, que «no tenía razón», y lo argumentaba señalando que se trata de una concesión administrativa y como tal «ante un problema de mantenimiento de la estación de autobuses, quien tiene que responder es el ayuntamiento».

Guerra abierta por la estación de autobusesA continuación, Padilla lanzó a Jiménez otro mensaje que también compartió el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en redes sociales. Ambos sugirieron al concejal toledano que de renunciar a la concesión de la estación deberían devolverlo en el mismo estado en el que la encontraron, es decir, con los arreglos acometidos. La diferencia es que Hernando adjuntó en su publicación en la red social 'X' una serie de pantallazos que ilustraban las condiciones de la concesión administrativa de la estación de autobuses de Toledo. 

En dichos documentos mostrados por Hernando, destacaban una serie de renglones subrayados para recalcar la postura de la Junta de Comunidades. Al respecto, dichos elementos destacados confirmaban lo adelantado por los consejeros, que en el caso de extinguirse la concesión, el Ayuntamiento debería poner todos los bienes de dominio público a disposición de la Junta «en perfecto estado y libres de cualquier carga o gravamen».

Asimismo, el pliego de condiciones reseñado mostraba que entre las obligaciones del concesionario está «mantener las obras, instalaciones y medios adscritos a la concesión en el adecuado estado de conservación y funcionamiento», así como «asumir los riesgos de la gestión del servicio».

Guerra abierta por la estación de autobusesEl último de los puntos destacados por Hernando señala que en caso de extinción de la concesión por incumplimiento de las condiciones llevaría consigo la pérdida por parte del Ayuntamiento «de la fianza definitiva y de la indemnización por la privación del disfrute durante los años de vigencia que a la concesión le restaran», siendo estos aún 36 años.

Ante estas claúsulas del longevo pliego de condiciones sobre la concesión de la estación y tal como adelantó La Tribuna este jueves en su versión web, la Junta contempla pedir 19,9 millones de euros al Ayuntamiento de Toledo por la vía contencioso administrativa por daños y perjuicios si cumplen su amenaza de rescindir unilateralmente la concesión.