150 familias de guardias civiles serán reubicados en pueblos

Galán
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La Dirección General de la Guardia Civil ha comunicado que 90 familias deben abandonar sus casas en apenas 20 días, mientras que el resto lo harán en tres meses. Los reubicarán en localidades cercanas, pero desde AUGC informan que «no hay para todos»

150 familias de guardias civiles serán reubicados en pueblos - Foto: Yolanda Lancha

Dicen que no hay mal que por bien no venga, pero en este caso el refrán puede ser al revés. Esto es así porque la fumata blanca sobre la decisión que llevará a levantar el futuro cuartel de la Guardia Civil en la parcela del actual conlleva el desalojo inminente de aproximadamente 150 familias de los agentes. Una orden que han recibido los propios afectados el mismo día que se daba a conocer la ubicación definitiva del proyecto.

Las asociaciones mayoritarias de guardias civiles revelan que los residentes de este inmueble sito en la avenida Barber recibieron la noticia sobre su desalojo el pasado miércoles por la mañana, mediante una reunión en la que les comunicaron que las familias ubicadas entre los bloques del 5 al 13 deberán abandonar sus residencias antes del 15 de febrero. Aquellas otras que residan entre los bloques restantes -del 14 al 20- serán desalojadas en tres meses. El motivo por el cual les han dictaminado el desalojo es el grave riesgo de derrumbe del inmueble.

Daniel Timón, secretario jurídico y de reserva-retirados de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Toledo y de la federación regional (AUGC), ha informado a La Tribuna de la falta de alternativas estables que la Dirección General ha ofrecido a los damnificados por esta decisión. Apunta que el daño a las familias que tienen que abandonar sus casas en apenas 20 días «es mayúsculo», teniendo en cuenta que incluso hay menores matriculados en colegios de la capital.

150 familias de guardias civiles serán reubicados en pueblos150 familias de guardias civiles serán reubicados en pueblosTimón informa de que la Dirección General del Instituto Armado les ha propuesto una reubicación de las familias en los pabellones de pisos de las comandancias de las localidades cercanas a Toledo capital. Esta alternativa, para el representante de la AUGC, tiene dos peculiaridades problemáticas. La primera de ellas es que «no hay pisos para todos» -certifica- y la segunda, es que esa reubicación sería «en precario». Timón explica que este concepto significa que las familias serían realojadas en un determinado piso, pero que «si un nuevo agente aprobara su plaza y fuera designado en dicho espacio, las familias volverían a quedar en la calle».

Desde otra asociación de guardias civiles como Jucil revelan las mismas soluciones ofrecidas por el Estado Mayor, pero apuntan a las administraciones políticas a que les aporten soluciones «después de estar años a vueltas con la ubicación del cuartel cuando sabían la situación urgente del actual». 

Desde Jucil señalan que los edificios municipales ofrecidos por el alcalde de Toledo «son para poder seguir prestando servicios laborales, no para residir». Confirman que, al menos, la Guardia Civil les costearía la mudanza.

Ambas asociaciones rescatan del año 2023 un acuerdo del consejo de ministros por el cual ya se alertaba del riesgo de derrumbe de este edificio y al que se destinaba una partida presupuestaria para resolverlo. Alegan que «fue un apaño» y que poco tiempo después el resultado ha sido este desalojo inminente.  

Desde AUGC incluso aportan más ingredientes cronológicos a estos anuncios de riesgos de derrumbe. Y es que Daniel Timón revela que miembros de su asociación observaron en el cuartel toledano como se habían instalado apuntalamientos hasta en seis bloques de viviendas hace sólo unos meses, lo que les llevó a consultar con la Dirección General de la Guardia Civil si los residentes corrían o no peligro. 

La respuesta obtenida por los representantes de los agentes por parte del Estado Mayor fue -el 4 de diciembre de 2024- que los apuntalamientos descritos «se consideraban necesarios según los criterios del técnico del Servicio de Acuartelamiento, de forma que la seguridad de las personas que viven en dichos pabellones está garantizada». La asociación lamenta que apenas 50 días después la seguridad de los residentes «ya no lo esté».

Ante esta situación, aproximadamente 90 familias serán desalojadas el próximo 15 de febrero, mientras que otras 70 deberán hacerlo tres meses más tarde. Sobre la construcción del nuevo cuartel, ambas asociaciones coinciden en que les han transmitido que una vez el actual sea demolido los trabajos durarán 24 meses, pero creen que el proceso podría alargarse al menos hasta los tres o cuatro años. 

Con este episodio se pone fin al debate sobre la ubicación del futuro cuartel, pero se abre una nueva página en la que están en juego la residencia de más de 150 familias toledanas.