El proyecto de Ley de Restauración de la Naturaleza fue presentado por primera vez por la Comisión Europea en junio de 2022 como parte del Pacto Verde Europeo y la estrategia 'Biodiversidad 2030'. Esta norma, que continúa ahora su tramitación legislativa en la UE, tiene como objetivo reparar el 80% de los hábitats europeos, que se consideran degradados. Esta legislación establece objetivos jurídicamente vinculantes en siete áreas específicas, entre ellas los ecosistemas agrícolas. El enfoque se centra en mejorar y restablecer hábitats biodiversos a gran escala, así como repoblar las poblaciones de especies a través de mejoras y ampliación de sus entornos. Para el año 2030, se busca cubrir al menos el 20% de la superficie terrestre y marina de la UE a la que afectan estas medidas; y para 2050 se pretende que se haya restaurado el 90%.

El negociador principal en el trílogo y ponente de la propuesta de esta ley en el Parlamento en el Parlamento Europeo, el eurodiputado socialista César Luena, ha reintroducido, para disgusto del sector, los ecosistemas agrícolas en el texto (artículo 9) de la Ley de Restauración de la Naturaleza, que ya habían sido rechazados por la mayoría de diputados de la Eurocámara el pasado 27 de junio. En opinión de ASAJA, esto, unido a los expedientes de la estrategia 'De la Granja a la Mesa', y al nuevo Reglamento de Uso Sostenible de Fitosanitarios (SUR), «supondrá un escenario insostenible para el campo europeo».

Según la organización agraria, la comunidad agrícola europea está consternada y muy preocupada por el acuerdo alcanzado la pasada semana por los negociadores en el diálogo a tres bandas sobre la restauración de la naturaleza. A pesar de algunas atenuaciones, el compromiso final global vuelve a una proposición totalmente irrealista para los agricultores y los propietarios forestales y fuerza al Parlamento Europeo a reposicionarse sobre toda la propuesta, denuncian desde ASAJA.

El pacto alcanzado por los negociadores institucionales reavivará el acalorado debate en Bruselas. Al reintroducir el artículo 9 sobre los ecosistemas agrícolas, los negociadores decidieron volver a situar en el centro del reglamento numerosas disposiciones poco realistas y sin presupuesto que pasarán factura a los agricultores, ganaderos, silvicultores y cazadores europeos. Conscientes del desfase entre las ambiciones del texto y las medidas compensatorias ausentes, los negociadores han acordado que la Comisión Europea evalúe la aplicación del Reglamento a más tardar el 31 de diciembre de 2033, reconociendo así tácitamente que podría tener graves repercusiones para los sectores productores de alimentos.

Las propuestas alcanzadas, sumadas a la estrategia 'De la Granja a la Mesa' y el SUR, supondrá un escenario insostenible para el campo europeo, lamentan desde ASAJA. Al no respetar la posición que expresó la mayoría del Parlamento Europeo, el ponente socialista César Luena empuja a todos los eurodiputados a reposicionarse sobre este texto. Ningún eurodiputado puede decir ahora que el texto propuesto para su ratificación no tendrá repercusiones importantes sobre nuestra producción, nuestra competitividad, la balanza comercial de la UE, o el precio de consumo de millones de europeos, insisten desde la organización agraria.

Freno de emergencia.

No obstante, con la pretensión de contentar a los agricultores, ganaderos, silvicultores y cazadores europeos, la nueva propuesta incluye un «freno de emergencia» que ofrece la posibilidad de suspender la aplicación de las disposiciones del reglamento relacionadas con los ecosistemas agrícolas durante un año en caso de verse amenaza la seguridad y asequibilidad alimentaria o por catástrofes naturales. «Una vez más, el señor Luena demuestra su desconexión con la realidad agraria y medioambiental al sostener que estas amenazas se pueden arreglar en un año», según ASAJA.

Por su parte, el presidente de la organización, Pedro Barato, ha expresado su «asombro» por las disposiciones sobre ecosistemas agrícolas, «reintroducidas a espaldas de la mayoría del Parlamento Europeo». También ha destacado la falta de realismo de las medidas propuestas (la inclusión de la restauración en las zonas Red Natura 2000 afectaría casi al 40% de la superficie de España) , «que son una amenaza más para la viabilidad de la agricultura europea, y, por ende, para la subsistencia de las zonas rurales». Al mismo tiempo, ha mostrado su preocupación por la falta de financiación para estas medidas, ya que «siguen sin detallar cómo o quién financiará la restauración de la naturaleza». Por último, Barato ha pedido explicaciones para que aclaren qué implica exactamente «eliminar las barreras artificiales a la conectividad de las aguas superficiales», tal y como indica la nota de prensa del Consejo de la UE.

Obligaciones específicas.

Para algunos de los sectores afectados por esta ley se establece una serie de compromisos particulares y el agrario es uno de ellos. El texto exige a los estados miembros que pongan en marcha medidas para lograr tendencias crecientes en al menos dos de estos tres indicadores: el índice de mariposas de pastizales, la proporción de superficie agraria con elementos paisajísticos de gran diversidad y las reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo. Además, fija objetivos acotados en el tiempo para aumentar el índice de aves comunes ligadas a medios agrarios a nivel nacional.

Los colegisladores han acordado otorgar flexibilidad a los Estados miembros en cuanto a la rehumidificación de turberas, ya que algunos agricultores se verán afectados de manera desproporcionada por estas obligaciones. El texto establece objetivos para restaurar el 30% de las turberas drenadas en régimen de uso agrícola de aquí a 2030, el 40% de aquí a 2040 y el 50% de aquí a 2050, aunque los estados miembros muy afectados podrán aplicar un porcentaje inferior. Las medidas de restauración incluyen la rehumidificación de los suelos orgánicos que constituyan turberas drenadas, lo que contribuye a aumentar la biodiversidad y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, los colegisladores han acordado que la consecución de los objetivos de rehumidificación no implique una obligación para los agricultores y los particulares que sean propietarios de tierras.