Con malas caras y a rebosar. La sala de reuniones de la Junta de Personal del Hospital Universitario de Toledo se convirtió esta mañana en un hervidero de trabajadores descontentos que acudieron a escuchar la información que los sindicatos tenían pensado explicar a los medios de comunicación en relación a la «economía de guerra» que planteará el Sescam a partir del 30 de septiembre y, al menos, hasta final de año, que afectará a las condiciones laborales del personal y «puede poner en serio peligro la seguridad asistencial». 

Así lo expresó la presidenta de la Junta de Personal del Hospital Universitario, Esmeralda Díaz, en protesta por las medidas «de contención de gasto» que el Sescam trasladó hace unos días a la Gerencia del centro hospitalario. A su vez, la Junta de Personal recibió con preocupación esta noticia el pasado 11 de septiembre, dado que las medidas previstas plantean  «la disminución notable, casi inexistente, en la contratación», un planteamiento «irracional e insostenible» para los sindicatos dadas las necesidades que existen en buena parte del Área Sanitaria de Toledo, incluido en Atención Primaria.

Díaz señaló que desde el Sescam únicamente se procederá a contratar personal en Urgencias, UVI, admisión, quirófanos y Atención Primaria, pero considera que se realizarán con cuentagotas y «muy justificadas», lo que conlleva un largo proceso hasta obtener la autorización. 

Si bien, la presidenta de la Junta de Personal recalcó que ya se está comunicando el despido al personal eventual, a lo que ese suma «que se suprimirán las sustituciones de permisos y descansos reglamentarios  en aquellas zonas  asistenciales donde  haya más de un profesional sanitario de la misma categoría».

Por tanto, la Junta de Personal solicita al Sescam que revierta esta medida de contención para evitar volver «a los tiempos que ya vivimos con Cospedal en 2012, que aún la gente no ha olvidado». Díaz insiste en que el mensaje que se traslada desde el Gobierno regional de aumento de contrataciones gracias a un mayor presupuesto «es una media verdad» porque no contempla esta última medida tomada que se hará efectiva a partir del 30 de septiembre.

En este contexto, la Junta de Personal tiene claro que este tipo de órdenes y decisiones obedecen «a una mala gestión» y colocan al sector sanitario en una situación «inasumible». Los representantes sindicales no entienden los cambios que se han producido a pesar de que «se venden unos planes de humanización a la altura de los nuevos tiempos y una gestión de los Recursos Humanos a a la altura de los viejos».

En vista de esta problemática, desde la Junta de Personal piden al Sescam que se olvide de estas medidas que ya están trayendo efectos negativos «por retrasos en las consultas o aumento de la listas de espera, y se deje sin efecto pensando «en que los ciudadanos tienen derecho a una atención sanitaria pública de calidad».

En este caso, la intención pasa porque esta Junta de Personal y el resto de las del resto de centros hospitaliarios de las provincias, inicie medidas de presión que incluyan recogida de firmas, escritos a la administración y movilizaciones. Y en caso de que la situación persista, la Junta de Personal elevará una denuncia al Defensor del Pueblo e irá a los tribunales porque cree «que se está maltratando la sanidad pública, a sus profesionales y a sus pacientes».