Llama la atención la clasificación, puede que hasta peyorativa, que desde hace años viene haciéndose con los jueces a quienes se les engloba en dos bloques, conservadores o progresistas, dependiendo generalmente de la asociación a la que pertenezcan, aunque también existen aquellos que no están vinculados con ninguna, lo que suele resultar cierto impedimento para los ascensos en su carrera.
Se entiende que los magistrados adoptan sus decisiones en justicia, como profesionales, adaptándose a las leyes, sin anteponer su ideología, aunque todo sea subjetivo, dependiendo del color con que se mire, son humanos, pero generalmente existen instancias superiores que van marcando las pautas y sentando jurisprudencias. 
No es bueno que un poder como el judicial se encuentre metido en el debate político, pero así es, como estamos contemplando estos días, porque se puede terminar pensando, y hay hechos objetivos sobre ello, que hay quien se deja querer por los partidos y esta injerencia, que no es poca, porque cuando llega el momento de la renovación, son ellos quienes proceden a realizar el reparto,  que es lo que mantiene actualmente la paralización de los altos órganos judiciales, porque no hay consenso en cuanto a quién ejercería el control.
El botón de muestra lo exhibió, en 2018, el exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, senador del PP, cuando escribió un WhatsApp a sus compañeros de la Cámara Alta en el que decía que el magistrado conservador Manuel Marchena, posible candidato a presidente del Supremo, iba a estar «controlando la Sala Segunda -que entiende los casos de corrupción política- desde detrás». 
Ni la presión de los partidos debería de ser tan fuerte, porque es interpretable que quieran optar por opciones más próximas a sus planteamientos y que menos les pudieran perjudicar en algunos supuestos, ni ha habido comportamientos muy ortodoxos de profesionales de la judicatura, que han permitido a costa de seguir renovando sus cargos y no forzar la situación, como trató de hacer al dimitir, ya tarde, Carlos Lesmes, como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o de adoptar decisiones en el Tribunal Constitucional cuando ya algunos magistrados que votan deberían llevar tiempo fuera. 
En los últimos días, la olla en la que se cocían muchos temas políticos ha explotado con escándalos en el Parlamento, que es quien tiene la representación de los ciudadanos, no hay que olvidarlo en una democracia, derivado de las decisiones que ha promovido de forma urgente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,  que han contado con mayoría de los votos de los diputados, entre la rabia de la oposición de pedir al Constitucional que no permitiera la votación. De lo que se dijo en la sesión mejor pasar página porque recuerda tiempos pretéritos muy dolorosos para los españoles.  
El PP quiere elecciones generales y Sánchez ha dado argumentos como para que se pueda vender bien el paño que piden los conservadores, y más a la derecha, pero el fin no justifica los medios, el papel que se debe cumplir, en primer lugar, es ponerse a trabajar de forma conjunta para salir de esta importante crisis institucional, sentándose sin salir de la sala hasta que haya un acuerdo, y después esperar a que se lleven a cabo las convocatorias ajustadas a su tiempo.