La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha estudiado los daños y perjuicios que le supondría la decisión unilateral anunciada ayer por el Ayuntamiento de Toledo de rescindir el contrato de cesión de la estación de autobuses. Los servicios jurídicos del Gobierno regional, tal y como ha tenido acceso La Tribuna, estiman reclamar al Consistorio toledano la cantidad de 19,9 millones de euros. Y es que, desde la Junta tienen claro que no se trata de "un contrato" como afirman desde la Concejalía de Movilidad, en la persona del edil Iñaki Jiménez, sino "una concesión administrativa a 75 años de los que aún quedan 36 por cumplir".

El documento firmado por ambas partes en noviembre de 1986 para la cesión del inmueble emplea la palabra "contrato", pero desde la Junta afirman que ese término está actualizado con la actual Ley de Contratos del Sector Público, y que en realidad es todo una concesión que se rige por unos criterios básicos.

Para la Junta la ruptura unilateral abre la puerta a plantear una reclamación por daños y perjuicios, mientras que un acuerdo mutuo solo hubiera obligado a dejar la estación "en perfecto estado" tal y como se la encontró el Ayuntamiento al comienzo de la cesión.

19,9 millones por la rescisión de la estación de autobuses

Con esta consideración encima de la mesa, la Junta estima reclamar 19,9 millones de euros al Consistorio dirigido por Carlos Velázquez. La mayor parte de la reclamación, más de 16,5 millones, se sustenta en el equilibrio de la concesión, ya que aún restan 36 años por cumplir, mientras que el resto de cantidad reclamada hasta los casi viente millones de euros se completan como beneficio industrial (992.613 euros), costes de administración (827.177 euros), arreglo de escaleras (465.850 euros), arreglo de ventilación (600.000 euros), cambio de ascensor (120.000 euros) y otros 400.000 euros en obras en baños, pintura y otros desperfectos menores.

Toda la polémica surge por dilucidar a quién corresponde asumir el pago del arreglo de las escaleras mecánicas de la estación, o su sustitución por unas nuevas. El Ayuntamiento considera que debe hacerlo la Junta, como propietaria del inmueble; mientras que desde el Gobierno regional señalan que es responsabilidad municipal al tener la concesión administrativa.

El concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, informó ayer que el Ayuntamiento de Toledo va a iniciar los trámites para rescindir el contrato "como consecuencia de los numerosos incumplimientos por parte de la consejería de Fomento que es la propietaria de esta infraestructura".

19,9 millones por la rescisión de la estación de autobuses

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha argumentado en una publicación en su cuenta oficial de la red social X, que la "responsabilidad" de mantener las escaleras mecánicas, es municipal y, ha advertido, ante la intención del Ayuntamiento de rescindir el contrato que, "si abandonan de mutuo acuerdo deberán devolver la estación en perfecto estado; y si es unilateralmente, responder ante daños y perjuicios". El consejero ha aportado además el contrato firmado en su día, subrayando las cláusulas que incumpliría según su parecer el Ayuntamiento.