Los países comunitarios dieron ayer el «sí» a las medidas propuestas por la Comisión Europea para suavizar las exigencias medioambientales de la Política Agrícola Común (PAC) después de meses de manifestaciones y huelgas en toda la eurozona. Una respuesta que sirve para aplacar la ira del campo y, de hecho, la decisión coincidió con una nueva tractorada que recorrió el barrio europeo de la capital belga al mismo tiempo que se celebraba la reunión de ministros de Agricultura de la UE.
Se trata de una reforma muy importante que eximirá de controles y sanciones relacionados con el cumplimiento de requisitos medioambientales a las pequeñas explotaciones agrarias, de menos de 10 hectáreas, para relajar la carga administrativa del campo.
La medida supondrá un alivio para el 65% de los agricultores, según los cálculos del Gobierno comunitario, y viene a flexibilizar los reglamentos sobre los planes estratégicos y financiación, gestión y seguimiento de la PAC en respuesta a los problemas encontrados durante el primer año de implementación de la nueva legislación.
Otro de los logros de esta revisión de la PAC permitirá que la rotación se pueda cumplir con una diversificación de lo que se cultiva, además de levantar la mano a la hora de establecer los denominados «períodos sensibles». En este sentido, cada país podrá decidir qué suelos proteger y en qué estación del año, en función de sus especificidades nacionales y regionales.
También se eliminará la obligatoriedad de que se dedique una parte de las tierras de cultivo a zonas no productivas (barbecho) y lo deja como una opción «voluntaria» a cambio de una «ayuda financiera adicional» y «se incentivará a todos los agricultores para que mantengan las zonas no productivas beneficiosas para la biodiversidad sin temor a perder ingresos», según defendió la Comisión Europea.
El ministro de Agricultura español, Luis Planas, celebró las medidas impulsadas por Bruselas y aseguró que «recoge enteramente» las exigencias y solicitudes que había formulado en la mesa de negociación para los agricultores nacionales.
En este contexto, el Consejo de la UE explicó que «esta revisión aborda los problemas surgidos, por ejemplo, con la aplicación de los planes estratégicos de la PAC y pretende aportar una mayor simplificación, reducir la carga administrativa y ofrecer mayor flexibilidad para cumplir determinadas condicionalidades medioambientales».
La ley será firmada por los representantes del Consejo y del Parlamento Europeo antes de que salga en el Diario Oficial y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, a finales de este mes de mayo.
El aval a los cambios en la PAC lo dio el Comité Especial de Agricultura, donde participan funcionarios de los estados miembros, y en el que se constató que había mayoría suficiente para que la iniciativa saliera adelante.
La revisión del conocido como reglamento horizontal se aplicará hasta el final del período de la actual Política Agraria Comunitaria, que culmina en 2027, y algunas de sus disposiciones legales serán de carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero de 2024.
Todos estos cambios en la agricultura europea tendrán que ver con exenciones en las condicionalidades respetuosas con el medio ambiente que los agricultores deben cumplir para recibir los pagos.
Esta nueva muestra de solidaridad de la UE con el sector primario se suma a la relajación de los requisitos medioambientales asociados a las ayudas de la PAC que ya anunció la Comisión a finales de febrero con el ánimo de apaciguar las movilizaciones en la antesala de las elecciones europeas.
Requisitos
Para recibir el apoyo de la PAC al que tienen derecho, los agricultores deben respetar un conjunto mejorado de nueve normas beneficiosas para el medio ambiente y el clima conocidas como BCAM, un principio de condicionalidad que se aplica a cerca del 90% de la superficie agrícola utilizada en la UE y desempeña un papel importante en la integración de prácticas de cultivos sostenibles.
Según datos del Ejecutivo comunitario, eximir a los pequeños agricultores de los requisitos asociados a estas normas simplificará considerablemente el trabajo diario de los pequeños agricultores, al tiempo que se mantendrán las ambiciones medioambientales, ya que estas solo cubren el 9,6% de las superficies que reciben ayudas.