El Pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado gracias al voto de calidad del alcalde la moción del PP que solicita apoyo a los agricultores y ganaderos españoles. Rubén Lozano recalca la perdida de puestos de trabajo, el aumento de los precios de productos de primera necesidad, la derogación del plan hidrológico nacional del PP, la reducción de población rural... Por contra alaba el trabajo que permitió que los supermercados se abastecieran incluso en pandemia. Indica que la defensa del sector primario es imprescindible para no depender de otras economías.
En el PSOE, Francisco Rueda dice que solo un 0,2% de la población de Toledo capital vive del campo, señala que el plan de choque del PP solo son eslóganes sobre problemas resueltos o en vías de hacerlo que trata de subirse al carro de las tractoradas.
Desde Vox, Inés Cañizares advierte que las políticas ecologistas europeas abocan a la desaparición de los agricultores. Añade que la ley europea del clima es otro riesgo. Apoya las legítimas protestas del campo.
Por Izquierda Unida, José María Fernández hace la lectura política destacando lo poco que se habla de agua y sequía, pregunta cómo se van a pagar las medidas de la propuesta, recuerda que los acuerdos de libre comercio apoyados por la derecha afectan a los productores españoles, ve que se apoya a los poderosos igual que a los modestos, recalca que el cambio climático es un factor que no se tiene en cuenta.
Mostrar el apoyo al sector primario en Toledo y su provincia, a sus agricultores y ganaderos. Reivindicamos su importancia en el desarrollo de nuestra localidad y Comunidad Autónoma, tanto desde el punto de vista productivo, económico y social, como medioambiental.
Apoyar el plan de choque de 15 medidas que ha reivindicado el Partido Popular al que se refiere esta iniciativa, para hacer frente a la crisis del sistema agrario y agroalimentario español.
Reivindicar el carácter estratégico del sistema agroalimentario español, su aportación a la economía y la vida en el ámbito rural.
Reforzar la imagen de España como un país atractivo por la calidad de sus productos alimentarios, la seguridad de sus alimentos y el alto valor de nuestra gastronomía.
Garantizar la producción de alimentos en Europa y no incrementar nuestra dependencia de terceros países.
Exigir un informe previo de impacto en la economía rural aparejado a cualquier norma que se apruebe.
Exigir la flexibilización del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), a efectos de reducir los trámites y revisar los eco-regímenes.
Promover un Pacto Nacional del Agua que asegure la disponibilidad de agua para cultivos e industrias, como garantía de seguridad alimentaria. Para ello, es necesario comprometer una inversión en infraestructuras para hacer frente a sequías, altas temperaturas y control de inundaciones, así como modernizar regadíos.
Exigir la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria con el objetivo de garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena y evitar la inseguridad jurídica.
Revisar el Plan de Seguros Agrarios combinados para actualizar rendimientos por hectárea y ampliar coberturas ante problemas de mercados.
Reformar el PERTE agroalimentario, a fin de ajustarlo a las características del tejido agroindustrial español.
Creación de un equipo de expertos para revisar las políticas de sanidad animal, que, además, analice la situación de la cabaña ganadera y establezca criterios técnicos de prevención y atención ante enfermedades.
Revisar todos aquellos elementos que lastran nuestra competitividad, y que no son exigencia de Europa
Exigir al Gobierno el compromiso de no crear nuevos impuestos, ni aplicar cargas adicionales a ninguno de los agentes de la cadena alimentaria.
Suspender el impuesto al plástico, que lleva recaudado más de lo previsto.
Rebajar el IVA de los productos esenciales, incluyendo carne, pescado, conservas y todos los productos lácteos o sus derivados.
Exigir el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes por los daños causados en Francia a los productos españoles.