El actual alcalde de Recas, Eliseo Ocaña, ocupaba un discreto puesto en el banquillo dela Audiencia Provincial junto a los otros cinco procesados. Ni en los flancos ni en el centro. Su intervención en el interrogatorio fue breve; pero sí dejó claro que el secretario municipal, Miguel Rubio, no puso reparo a la moción ni antes ni durante ni después de la votación que ha arrastrado a él y a otros cinco concejales de la legislatura 2015-2019 como acusados en la Audiencia Provincial. Su puesto como máximo representante municipal peligra porque la Fiscalía pide 11 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.

El origen de la petición de 11 años de inhabilitación para Ocaña y otros cinco representantes municipales se remonta al 17 de diciembre de 2018. Por entonces, gobernaba la 'popular' Fernández, y  Ocaña, junto con tres ya exconcejales de su partido (María del Mar Panes, María Isabel Panes y José López), así como la edil no adscrita, Mayte Bravo, y la de Ciudadanos (Pilar Barroso), votaron a favor de una moción para suprimir el sueldo de la regidora y de la segunda teniente de alcalde de entonces, Gabriela Zamorano, así como las retribuciones al resto de concejales del Partido Popular. El conocido abogado Víctor Sánchez-Beato defendía a los seis acusados.

«Estaban pasando cosas raras», subrayó una de las acusada, María del Pilar Barroso, la primera de los seis en contestar a las preguntas de las partes, para justificar la decisión de presentar la moción. Ella representaba a Ciudadanos y se unió en este caso a los socialistas y a la no adscrita. «Me enteré de que no se podía hacer con el contencioso-admnistrativo. Nos tendrían que haber advertido de que ni por el modo ni el contenido era legal», señaló esta abogada de profesión.

«Hacía lo que quería. Convocaba los plenos cuando quería. Torpedeaba para que no fuésemos a los plenos», criticó Teresa Bravo a Laura Fernández para explicar el hartazgo de los seis concejales.

Los ediles coincideron en que desconocían que podían solicitar un informe sobre la legalidad de la moción. José López se quejó de la desidia de la exalcaldesa: «No pretendíamos quitar a nadie. Ya que cobras un sueldo, que te lo ganes. Le quitamos el sueldo sin saber que la ley no lo contemplaba».

López apuntó que los concejales habría podido presentar una moción de censura, pero la exalcaldesa dejó claro que resultaba imposible por la presencia de una exconcejala del PP. «Parecía que el Ayuntamiento era suyo. No se podía hacer nada», añadió.

Eliseo Ocaña se refirió también «a la mala gestión» de Laura Fernández como causa de la moción, que recuerda a un caso parecido ocurrido en Ontígola. Allí, dos años antes, seis concejales lograron reducir el sueldo de la alcaldesa, Engracia Sánchez, a un euro bruto mensual por dedicación exclusiva. Todos acabaron también delante de la Audiencia Provincial. Finalmente, los ediles de Ontígola quedaron absueltos de prevaricación.

La exalcaldesa: «Fue por hacernos daño a nivel personal. Si yo no les gustaba, había otras vías»

La exalcaldesa de Recas Laura Fernández recalcó durante la testifical que la moción presentada por los seis concejales de la oposición fue «una sorpresa total». En este sentido, reconoció que ni ella ni el secretario del Ayuntamiento supieron reaccionar ni manifestar las dudas del procedimiento de los ediles, que pertenecían a diferentes partidos políticos.

Fernández, abogada de profesión, declaró sobre la eliminación de su sueldo por parte de la oposición más de cinco años después del polémico pleno y tras dos anulaciones del juicio.

«Fue a hacernos daño a nivel personal. Que cobrásemos o no salario no les afectaba. Si no le gustaba yo, había otras vías, como la moción de censura», explicaba la alcaldesa, quien añadía a continuación que los seis concejales representaban la mayoría de la Corporación municipal, pero una de ellas, María Teresa Bravo, impedía la posibilidad porque era concejal no adscrita que había pertenecido al Partido Popular. De esta manera, su voto para derrocar a la representante del PP no era válido.

La exalcaldesa de Recas estuvo 10 meses sin cobrar de su puesto de alcaldesa por la moción aprobada; tenía una dedicación del 75 por ciento en el Consistorio sagreño y acudía todas las mañanas. «Lo habitual es avisar de la mociones, pero esta vez, no», incidió sobre una votación que no había pasado previamente por el registro. La exregidora cree que la intención buscaba evitar un informe desfavorable del secretario.

Fernández resaltó que el grupo municipal expulsó a María Teresa Bravo de la formación meses antes de la moción. «Nos estaba haciendo la vida imposible», afirmó sobre la concejala no adscrita, una de las votantes de la moción a favor de eliminar el sueldo y actual primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Comunicación y Seguridad Ciudadana.