La subvención estatal de transporte que ha perdido Toledo vuelve a estar de actualidad porque el asunto sigue coleando en el ámbito administrativo. Al Ayuntamiento no se le ha olvidado esta pérdida de más de 500.000 euros que solicitó al Gobierno central y fue denegada aludiendo que Unauto no estaba al corriente de pago con la Seguridad Social. Así, al mismo tiempo que formalizó un recurso a la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, decidió reclamarle también a Unauto, la concesionaria de transporte, «por daños y perjuicios».
En este caso, no está todo comunicado ni escrito. A Unauto «no le ha sentado bien» que el Ayuntamiento haya optado por exigirle a ella la cuantía y no está dispuesta a abonar 505.980 euros en periodo voluntario tal y como han planteado sus servicios jurídicos municipales. El gerente de la concesionaria, Miguel Alconchel, ha explicado a La Tribuna que los abogados están ultimando un escrito que remitirán a la administración la próxima semana informando «que se rechazará el pago» porque la empresa no se considera responsable de la negativa del Ministerio.
Por tanto, si el Ayuntamiento mantiene su intención de continuar con la reclamación a la concesionaria tendrá que optar por la vía judicial y elevar un recurso contencioso-administrativo, una posibilidad que ya se ha dado en más de una ocasión durante el actual contrato, pero en este caso por el lado de Unauto para obtener un reequilibrio en la concesión.
Alconchel sostiene además que esa cantidad reclamada resulta inasumible «en un contrato que se ha demostrado ya que no es viable y está marcado por una serie de acontecimientos que lo han perjudicado, como el Covid, la guerra de Ucrania y la subida del combustible y la DANA». El gerente ya ha expresado su negativa al concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, por teléfono y se encuentra a la espera de que los abogados planteen el correspondiente recurso administrativo en respuesta a la reclamación.
En este caso concreto, la concesionaria basa sus argumentos en la falta de notificación de esa deuda de 0,90 euros -1,13 euros con intereses- con la Seguridad Social que procede de una exención de 2020, «que nunca se nos notificó, con lo que los certificados figuraban al día y al corriente de pago». En este caso, Alconchel recuerda que en cuanto fueron conscientes de la situación se abonó la deuda de inmediato.
Además, cabe tener en cuenta que Hacienda perdona las deudas menores, es decir, todas aquellas que sean inferiores a tres euros, según una resolución que figura publicada en el Boletín Oficial del Estado del 10 de noviembre de 2022. Esta decisión obedece al hecho de que intentar su recaudación es mucho más costoso que el beneficio que supone cobrarlas.
Reclamación administrativa En el acta de la Junta de Gobierno Local del pasado 21 de enero, los servicios jurídicos informa de la reclamación a Unauto y le exige el desembolso de esos más de 500.000 euros en el plazo voluntario «por los graves perjuicios que comporta la pérdida para las arcas municipales», ya que el Ayuntamiento tenía previsto destinar la ayuda de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible «como aportación municipal al déficit de explotación».
Sin embargo, el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, explicó en su momento que todos los informes municipales y los de Unauto eran favorables y una vez que llegó esta información tras varios contactos con la Seguridad Social Unauto pagó de inmediato su deuda y remitió el certificado al Ministerio, pero ya no fue aceptado. Por tanto, consideró que se había creado «una situación de indefensión».
En principio, el Gobierno municipal no planteó la posibilidad de actuar contra Unauto y se limitó subrayar que el Ayuntamiento no estaba dispuesto a perder esta subvención y acudiría a los tribunales, con lo que se formalizó el recurso ante la Audiencia Nacional, que está admitido a trámite, contra la denegación de una subvención que se concede a los ayuntamientos que dispongan de un plan de movilidad con más de 50.000 habitantes o sean capitales de provincia.
En este caso, Toledo ha quedado excluida de una convocatoria de la Secretaría de Estado de Transportes que ha destinado 51 millones de euros a 87 municipios para financiar parte del transporte colectivo.
Sin embargo, el asunto ha ido más allá y el equipo de Gobierno sostiene que Unauto es responsable de la denegación de la ayuda al transporte. De hecho, basa esta nueva reclamación a Unauto en el artículo 1902 del Código Civil, que señala: «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño».
Además, el acta de la Junta de Gobierno Local indica que esa reclamación de daños y perjuicios a la concesionaria del transporte establece «un plazo de un año» para abonar el dinero reclamado, como consta en el artículo 1968.2º del Código Civil.
Multas. La relación contractual entre el Ayuntamiento y Unauto, actual concesionaria del transporte desde 2017 y prestadora del servicio por más de 18 años, ha tenido sus más y sus menos en los últimos años por las peticiones para reequilibrar la concesión, lo que ha provocado más de un recurso en los tribunales con buenos resultados para Unauto y alguno favorable para el Ayuntamiento.
En uno de estos recursos, el Ayuntamiento tuvo que pagar 1,7 millones de euros por la subida del combustible en 2020-2021. Además, la empresa anunció una bajada de sueldo a los trabajadores y llegó a plantearle al Ayuntamiento la resolución del contrato el año pasado por pérdidas inasumibles, ya que los destrozos que ocasionó la DANA se cuentan en varios millones de euros.