El grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo exige que las viviendas anunciadas por Junta y Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) tengan alquileres sociales que no superen el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Su portavoz, Txema Fernández, se alegra de que tanto la Junta como el equipo de Gobierno municipal se hayan dado cuenta de que la ciudad necesita viviendas de alquiler que garanticen este derecho constitucional a las familias y jóvenes que lo necesitan.
Sin embargo, se muestra preocupado por el hecho de que las futuras viviendas salgan al mercado sin adaptarse a la realidad social, económica y laboral de la ciudad de Toledo. Porque, matiza el portavoz de Izquierda Unida, "no es asequible para la mayoría de las familias y, mucho menos para los jóvenes de la ciudad, pagar 700 euros de alquiler por las mismas".
Al respecto, Izquierda Unida-Podemos señala que dado que el salario medio en la ciudad es de 1.447 euros ese tipo de alquiler "en absoluto es asequible y acorde a la situación laboral, social y económica de la ciudad" y recuerda que la propuesta de Ley de Vivienda establece que las familias no se vean obligadas a destinar más del 30% de los ingresos familiares a esos fines.
Por otra parte, este grupo municipal apremia a la Junta a resolver, antes de nuevos desarrollos, la situación de parálisis de 86 viviendas ya construidas en la calle Guadalmena del Polígono con los mismos fines sociales. "Resulta ridículo construir otra hornada de 86 viviendas en una parcela colindante con la que en la actualidad tiene ya construidas otras 86 y que aún no se han puesto a disposición de las familias que lo necesitan", reprocha Fernández.
Además, considera que debería ser la EMV la que intervenga en el mercado de la vivienda para garantizar este derecho constitucional promoviendo la construcción social pero "sin caer en la tentación de permitir la edificación privada y de libre mercado", que ya se ha producido en Toledo y "que en absoluto ha satisfecho las necesidades de acceso a vivienda de los vecinos y las vecinas".
Y se remite, según recuerda en nota de prensa, a la parcela de Santa Bárbara en el Paseo de la Rosa que estableció precios de 196.000 euros por viviendas de una habitación, "un ejemplo claro de la necesidad de que las administraciones intervengan en la política de vivienda como derecho ciudadano".
También apunta el portavoz de IU-Podemos en el Ayuntamiento que hay que afrontar el problema de gentrificación que tiene Toledo impulsado por la elevación de precios que genera la vivienda turística masiva. En este capítulo también apela a la responsabilidad de la EMV para trabajar con los propietarios de las viviendas cerradas y poder sacarlas al mercado para que, aumentando la oferta, se adecúe cada vez más a la demanda.
Por eso, considera que si la Empresa Municipal de la Vivienda estuviera dotada económicamente de forma suficiente, "podríamos convertirnos en el garante principal de una política de rehabilitación de viviendas a cambio de mantener unos precios realmente sociales y asequibles para el pueblo trabajador".
Sin embargo, lamenta Txema Fernández que la Empresa Municipal de la Vivienda de Toledo, al menos para 2024, "no será un agente que intervenga de forma decisiva en el acceso a la vivienda en la ciudad porque apenas tiene el mismo presupuesto que el año anterior que no intervino en ningún momento en hacer de la vivienda un derecho ciudadano".