El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha manifestado su decepción ante la constatación de que fueron razones políticas y no técnicas las que llevaron al Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal de Toledo a suspender en 2023, y retrasar hasta ahora, la licitación del contrato de monitores que antes establecía un suelo salarial de 14 euros.
"El gobierno del PP y Vox ha optado por tomar una decisión política y no técnica, ya que se podría y debería haber optado por mantener un salario proporcionado, y esto lo dice una Resolución del mismo Tribunal Administrativo en el que se apoyan para argumentar su decisión, pero ha decidido plegarse la voluntad del beneficio empresarial", ha censurado Txema Fernández.
Explica Fernández que el contrato de monitores y monitoras deportivos, que acaba de ser adjudicado tras una segunda licitación a la empresa Campusport -por un importe de 120.000 euros menos de los que se había presupuestado para la prestación óptima del servicio-, fue recurrido por la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP) al considerar que no podían comprometerse a mantener dicho suelo salarial.
Y es que aquel recurso fue admitido, y por tanto suspendida la licitación, en base a una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que el presidente del PDM calificó de "sentencia", dando por sentado el obligado cumplimiento de la misma.
Sin embargo, tras reclamar Txema Fernández dicho documento, ha podido comprobar que "esta resolución, que no sentencia, ni es vinculante en este proceso ni impediría mantener un salario digno". Es decir, el actual equipo de Gobierno asumió el recurso de la AEESDAP, a uno de cuyos miembros acaba de adjudicar el contrato y cuya única objeción al anterior pliego era no querer ofrecer un salario digno a los monitores de las actividades deportivas del PDM.
El portavoz de Izquierda Unida, que expuso en el último consejo Rector del Patronato Deportivo estos reparos, critica que una decisión política haya sido la causante de la pérdida de mejoras en las condiciones salariales de los monitores y monitoras deportivas.
Por último, Txema Fernández apunta, a modo de observación, que desde ayer la adjudicación del contrato ha entrado en un periodo en que puede ser judicializada y recurrida por otras empresas, de modo que se podría dar la circunstancia de que Fitness Project tuviera que recuperar el desarrollo del servicio y por tanto que el Ayuntamiento se viera obligado a abonar la factura correspondiente.