La regulación de las visitas en las residencias de personas mayores fue una de las novedades que conllevó el descenso a nivel 2 en las medidas de prevención frente al coronavirus en Castilla-La Mancha. Fue un anuncio realizado por el Consejero de Sanidad a finales del pasado mes, tras la evidente mejoría de los datos en la región, que venía a satisfacer las demandas de millares de familiares que llevaban meses sin poder ver a sus seres queridos.
La protección de las residencias de mayores ha sido una prioridad desde el inicio de la pandemia. Los ancianos han sido el sector más castigado por la mortalidad y las residencias han sufrido gran cantidad de brotes en la primera y segunda oleada del virus, pero lo cierto es que tras el inicio de la vacunación se ha logrado reducir prácticamente a la nada la incidencia de casos en ese tipo de residencias.
El problema reside en que, para poder acceder al sistema de visitas, una residencia debe contar ahora con el 90% de sus usuarios y trabajadores vacunados, algo que en algunos centros, como el de la toledana avenida de Barber, es casi imposible que suceda.
Y es que, la residencia cuenta con 76 internos actualmente y solo el 84% de ellos está vacunado. No llega al cupo del 90% y por eso está cerrada a visitas. La estadística no se cumple porque hay un residente que se niega a recibir la vacuna y otros cinco que no pueden al estar bajo tratamiento oncológico.
Lo mismo sucede con los trabajadores, cuyo porcentaje de vacunación es aún más bajo, del 83%. Hay al menos cinco empleados sin vacunar y, con las nuevas incorporaciones y las bajas por el fin de contratos, es difícil que ese número se vaya a estabilizar en los próximos meses.
Toda esta situación está desesperando a muchos familiares, que no entienden por qué no se estudia el caso de Barber de forma particular. El cambio en la dirección del centro les ha abierto la puerta a la esperanza, con «mayor cercanía y transparencia», pero saben que la decisión final llegará desde la Junta.
Para terminar de volver surrealista la situación, está el detalle que, aunque no puedan entrar a ver a sus familiares, sí que pueden sacarlos durante 72 horas del centro. Pueden llevárselos a pasar el fin de semana, e incluso señalan que algunos familiares los acercan ellos mismos a las consultas médicas, pero no pueden ir de visita.
«Es un despropósito, deberían tratar el tema de una forma más individualizada», denuncia Piluca Alba Benayas, hermana de una residente. «No entendemos que estén tan encerrados. Entre las vacunas y los anticuerpos de los que ya han tenido Covid superan ese porcentaje, y además está el hecho de que es una residencia enorme que ahora mismo tiene pocos pacientes. Es fácil mantener las distancias», explica esta familiar de residente, que ve «excesivo el porcentaje del 90% de vacunación».
El hartazgo llega hasta tal punto que Piluca Alba ha recurrido ya a la Justicia y al Defensor del Pueblo para poder ver a su hermana. Si la situación no cambia, anuncia que el próximo lunes se presentará a las 17:00 horas en la puerta de la residencia con la intención de verla. «Su salud emocional depende de ello», afirma para sentenciar que «son personas que se pueden ir en cualquier momento, y nos están negando un tiempo precioso para poder estar con ellas».