La Junta de Comunidades volverá a subvencionar a los sindicatos con representación en la función pública en 2014, según se recoge el proyecto de presupuestos regionales remitido a las Cortes autonómicas el pasado lunes.
En concreto, la memoria de actividades de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas para el próximo año prevé recuperar «la partida destinada a sufragar los gastos que ocasiona a las organizaciones sindicales la participación en las mesas de negociación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, con apoyo instrumental a dicha participación».
Una partida que fue retirada de los presupuestos en 2012, dentro del plan de ajuste aprobado por el nuevo Ejecutivo ‘popular’ para hacer frente al déficit público. Y que se sumó a la también polémica supresión de medio millar de liberados a ‘tiempo total’ en la Junta, que se quedó con el ‘mínimo legal’ de 284 liberados.
Dos medidas que como era de esperar fueron duramente criticadas tanto por la oposición socialista como por las propias centrales sindicales, que se han negado siempre a llamar «subvención» a esta partida económica. A juicio de estas centrales, este recorte buscaba sólo «debilitar los derechos sindicales y laborales de los trabajadores de la Administración».
Cerca de medio millón en 2011. Si bien el proyecto de presupuestos no específica cuánto dinero se reserva a esta subvención -su coste se incluye en las partidas 121B y 121C de Presidencia- se puede estimar que el gasto final no superará los 478.000 euros que recibieron los sindicatos en el último año de la ‘era Barreda’.
Un dinero que se repartía en función del número de delegados de cada sindicato y de su peso en la mesa general de negociación y en las diferentes mesas sectoriales, entre otros criterios.
Junto a este casi medio millón de euros, los sindicatos recibieron ese año 119.000 euros para fomentar la acción sindical en el ámbito de la enseñanza privada. Dinero que se repartió entre las centrales FSIE, USO, CCOO y UGT.
No obstante, el PPno fue el primero en meter la ‘tijera’ en estas ayudas sindicales. La Junta socialista las fue rebajando durante los primeros años de la crisis. Baste ver que la asignación aprobada en 2009 a estos sindicatos ascendía a 600.000 euros y se repartía, fundamentalmente, entre Comisiones (308.614 euros) y UGT (225.267).
racionalización. Pero volviendo a los presupuestos para el próximo año, éstos instan a la Dirección General de Función Pública y Justicia a continuar trabajando en medidas de racionalización y profesionalización de personal funcionario sobre la base de criterios de eficiencia organizativa. Así como a avanzar hacia la plena implantación de la administración electrónica y el derecho fundamental a la protección de datos.