El 31,5% de los edificios de Toledo deberá pasar la ITE antes de 2015

i. g. villota | TOLEDO
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El Colegio de Aparejadores ofrece un listado de 10.000 viviendas y 2.500 inmuebles y estima que el 60% de las edificaciones obligadas a la revisión «podría tener algún problema»

El 31,5% de los edificios de Toledo deberá pasar la ITE antes de 2015 - Foto: Víctor Ballesteros

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Hasta hace unos meses las siglas ITE (Inspección Técnica de Edificaciones) resultaban desconocidas para la mayoría de los toledanos. Hoy parece que hemos interiorizado que es lo más parecido a una ITV para edificios y que su aplicación es obligatoria  para los inmuebles de más de  50 años ubicados en ciudades de más de 25.000 habitantes, como Toledo. El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la provincia informó ayer de que el 31,5 por ciento de los edificios de la capital regional deberá pasar la ITE antes de 2015 para garantizar la ‘buena salud’ de las edificaciones y evitar «gastos mayores» que se pudieran derivar de no haber atajado una posible ‘patología’ a tiempo.

Ese es el porcentaje de inmuebles con más de medio siglo de vida, que se traduce en unas cifras de 2.500 edificios y cerca de 10.000 viviendas, de un total de 7.855 edificios y 31.500 viviendas en el conjunto de la ciudad.

De los 2.500, cerca de 1.500 deberían haber pasado la revisión en 2012, 263 tendrán que enfrentarse a ella este mismo año, 390 en 2014 y 352 en 2015, según los datos del informe elaborado por el Colegio de Aparejadores, quienes, junto a los arquitectos, se harán cargo de las inspecciones.

El presidente de los aparejadores toledanos, José Antonio de la Vega, presentó ayer el listado y destacó la importancia de realizar estas revisiones profesionales al estimar que el 60 por ciento de las edificaciones obligadas al examen «podría tener algún problema» estructural o de alguno de sus elementos (cimentación, vigas, forjados, muros de carga, chimeneas, barandillas, falsos techos, cornisas, elementos ornamentales, etcétera).

 Y es que, De la Vega explicó que la ITE es un informe elaborado por un profesional que examina las deficiencias que pudiera tener un edificio con el objetivo de velar «por la seguridad y estabilidad estructural del inmueble analizado», cuyo estado deficiente «podría suponer un riesgo para la seguridad de las personas».

No en vano, la ITE también incluye un análisis de las posibles filtraciones de agua así como el estado de las instalaciones de saneamiento, fontanería y electricidad.

Por otro lado, el presidente del Colegio aseguró ayer que el listado de edificios objeto de la ITE presentado por el Ayuntamiento hace unos días «está cojo» porque «sólo contempla las construcciones del Casco» y en la ciudad hay otros barrios que cuentan con edificaciones ‘viejas’, con más de medio siglo de vida, que también están obligadas a pasar la ‘prueba’.

De la Vega insistió en que la ITE es el «pasaporte» que cualquier propietario de inmueble debe pasar a su edificio, «porque le prolonga la vida útil, evitando además posibles y futuros gastos, que de no detectarse, pueden no solo encarecerse, sino poner en peligro vidas humanas».

El precio. El presidente dijo que el coste de la revisión realizada por técnicos homologados oscilará entre los 250 y los 400 euros, aunque el precio final dependerá del profesional elegido, que puede escoger la tarifa, al ser el técnico y no el Colegio quien fija el precio.

De la Vega añadió que el Colegio de Aparejadores ofrecerá por teléfono o a través de su web oficial información detallada sobre el tema.

Añadió que una vez los arquitectos o aparejadores hayan realizado la inspección del edificio, pasarán un informe al Ayuntamiento explicando el estado del mismo. Si el resultado es positivo, no será necesario realizar ningún trámite y el inmueble pasará un nuevo examen cinco años después. Sin embargo, si el resultado es negativo, los propietarios tendrán que realizar las obras de rehabilitación necesarias para subsanar las anomalías.

En el caso de que los dueños de un no pasen la ITE, el Ayuntamiento deberá actuar de forma subsidiaria y, posteriormente, imponer la pertinente sanción.