El contrato del servicio de la grúa en Talavera sigue en periodo de prórroga forzosa desde 2017 tras no ejecutarse la adjudicación el pasado año a la empresa que había licitado y que había resultado concesionaria de forma provisional. La empresa que licitó no consiguió finalmente el contrato «porque no acreditaron ni la solvencia económica ni la solvencia técnica», informa la concejala de Contratación y Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz. Este contrato se adjudicó inicialmente en junio de 2024 por una cuantía de 442.790,60 euros, IVA incluido, y un plazo de dos años, con posibilidad de ampliarlo mediante dos prórrogas de un año cada una.
Muñoz recuerda que el contrato, que pretendía acabar con una prórroga de más de siete años en el servicio de inmovilización, retirada, traslado a depósito y custodia de vehículos de la vía pública en Talavera, contaba con una novedad a cumplir por el nuevo adjudicatario. La firma que resultó adjudicataria, en este caso Grúas, Desguaces y Servicios Jarama, S.L, debía proporcionar un espacio para albergar el depósito de vehículos y su custodia ya que el actual, en la planta subterránea del polideportivo José Ángel de Jesús Encinas (JAJE), se prepara para acoger un nuevo aparcamiento disuasorio con motivo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la zona centro de la ciudad.
Con todo, y tras quedar desierto el pliego administrativo, sigue siendo la empresa anterior la que mantiene en pie el servicio, que ya acumulaba una prórroga forzosa del mismo desde 2017. «Si el pliego queda desierto o no llega a buen puerto, el contrato está prescrito pero lo sigue prestando la empresa que lo prestaba con carácter previo», indica la edil.
Con todo, y ante las obras que ya se ejecutan en la planta baja del JAJE, el depósito de la grúa y vehículos inmovilizados se ha trasladado a un solar arrendado por el Ayuntamiento en las inmediaciones de la calle Alcaudete de la Jara, hasta que pueda resolverse el contrato, que volverá a salir a licitación.
La concejala del área reconoce la necesidad de renovar el contrato de un servicio esencial como la grúa en una ciudad de 85.000 habitantes. «Hay que regularizarlo, no puede seguir así», indica.