El Ayuntamiento de Toledo ha sacado a concurso la gestión de las tres depuradoras de la ciudad por valor de 55 millones durante los próximos diez años. Tras estudiar el pliego, el concejal de IU, Txema Fernández, lo ha criticado porque, al valorar en un sesenta por ciento el criterio económico para la concesión, no supondrá el fin de los malos olores del Polígono, no facilitará la conciliación familiar de los trabajadores y no será el fin de las multas que periódicamente le llegan al Ayuntamiento. Fernández  considera que el contrato de Depuración de Aguas de la Ciudad de Toledo «revela una dejación de funciones en esta materia por parte del equipo de Gobierno, ya que ni siquiera se ha realizado una evaluación del funcionamiento de las instalaciones antes de sacar a licitación el mismo».

De este modo, denuncia, «el contrato resultará inútil e ineficaz puesto que se va a adjudicar a la empresa que haga la oferta más barata planteando un modelo de gestión de las estaciones depuradoras de Toledo sin que el Ayuntamiento le haya marcado un mínimo de calidad en las mismas». «Entregamos la responsabilidad de la gestión y el plan de explotación de estas instalaciones a la adjudicataria sin que el Ayuntamiento haya puesto condicionantes. El plan que la empresa presentará se aceptará sin condiciones», recrimina.

Fernández recuerda además que la mala gestión en esta materia implica multas al Ayuntamiento por vertidos que no cumplen las normativas europeas y nacionales. En este sentido, apunta que el contrato no fija la necesidad  de realizar análisis químicos de las aguas a depurar distintos a los que se vienen haciendo, por lo que «no mejoramos en absoluto la normativa a pesar de que seguimos recibiendo multas por este incumplimiento. Y seguiremos con la misma periodicidad, cada tres meses, lo que hará que las multas sigan siendo uno de los valores negativos que aporta esta ciudad».

Reprocha también Fernández que la dejación de responsabilidad llega al extremo de que «la fiscalización del contrato la realizará una empresa que propondrá la propia adjudicataria». Según recoge el pliego, la empresa tendrá que destinar 20.000 euros al año para contratar una empresa externa que audite el servicio y garantice la prestación de los servicios contratados, empresa que será seleccionada por el Ayuntamiento pero a propuesta de la Adjudicataria que además tendrá el informe de auditoría antes de trasladarlo al Consistorio. «Esto significa que nunca va a haber errores en la gestión de las EDAR, que nunca va  a haber sanciones por incumplimiento del contrato y que nadie va a exigir que se cumpla el contrato», lamenta.

 Por otra parte, el contrato incluye una inversión en labores que serán de mantenimiento valoradas en cuatro millones de euros y que tendrá que llevar a cabo la adjudicataria sobre unas obras que se estipulan en el contrato. Sin embargo, reprocha el portavoz de IU, en caso de tener que ejecutar nuevas obras para la óptima gestión de las estaciones depuradoras, el Ayuntamiento pagará a la empresa adjudicataria, o a otra, esas obras. Por eso considera Fernández que haber hecho «una evaluación previa sabiendo qué ha funcionado bien y qué tiene capacidad de mejora en el funcionamiento hubiese sido lo óptimo para garantizar un plan de obras e inversión».

Valoración. En cuanto a la valoración subjetiva además del plan de explotación también se incluye el de gestión medioambiental que se valorará con un máximo de 8 puntos sobre los 100 del contrato. Al respecto, recuerda Fernández que dicho  plan de gestión medioambiental incluye las propuestas para evitar los olores que se producen en estas instalaciones y que afectan, fundamentalmente, al barrio del Polígono. Por eso deduce  que dada la poca importancia otorgada a esta materia en la puntuación «las empresas se pueden permitir no ser demasiado exigentes en la oferta medioambiental mientras hagan una oferta económica barata».