La patronal toledana advierte de los efectos económicos negativos que tendría la reducción de la jornada laboral desde las 40 horas semanales hasta las 37,5 horas que plantea el Ministerio de Trabajo. Además, rechazan que la implantación de la medida puede llevarse a cabo sin consultar con los empresarios, como ocurrió con el incremento del salario mínimo interprofesional.

Javier de Antonio, presidente de Fedeto, asegura que la «próxima imposición» del Gobierno de España va a ser la aprobación del nuevo formato de jornada laboral a partir del acuerdo exclusivo con los sindicatos y sin contar con la aquiescencia ni sentar en la mesa de negociación a los representantes de la empresa.

Desde Fedeto relacionan una jornada laboral más corta con una «pérdida de la competitividad», uno de los problemas estructurales que lastran a la economía toledana y que tampoco arregla el viento de cola de los últimos trimestres. La organización provincial estima en un 3% con carácter general la pérdida que para la empresa supondrán las horas perdidas por trabajador. En aquellos casos en que la jornada semanal no alcance las 40 horas, el coste será aún mayor.

Las propuestas del Gobierno en materia laboral se convierten, según argumentan desde Fedeto, en «derechos que no son sostenibles y una fiesta que van a pagar otros».

De Antonio, además, carga contra la imagen del empresariado que se proyecta desde determinados ámbitos. «Estamos sufriendo a determinadas personas que están en administraciones a las que les molesta que los empresarios trabajemos por un beneficio».

Por su parte, el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, critica la carga inflacionista que conlleva la aplicación de determinadas medidas; entre otras, la posible reducción de jornada o la nueva indemnización por despido. Asimismo, plantea una menor intervención de los poderes públicos. «Los ciclos económicos funcionan bien si no hay medidas políticas que los distorsionen; pero nuestra economía tiene el doble de paro: ni cuando la cosa va bien, lo reducimos».

La precariedad es otro factor de preocupación. «Hay personas cobrando un sueldo que son pobres; a lo mejor son parados discontinuos que se contabilizan como trabajadores», relata.