La proposición del Grupo Municipal para reclamar  la gratuidad del peaje de la R-5 durante las obras de soterramiento de la A-5, se ha aprobado este viernes en el Pleno de Talavera con los votos de PP y VOX, mientras el PSOE se ha abstenido

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús García Barroso, ha destacado que la gratuidad de la R-5 supondrá un gran beneficio para los talaveranos "como alternativa a la movilidad que se va a complicar con ocasión del soterramiento de la A-5 de Madrid".

Por eso, ha reclamado el apoyo de los grupos políticos porque de no conseguir la gratuidad, "supondría un sobrecoste importante en cuanto a tiempo y en cuanto dinero para los talaveranos".

Las obras, ha dicho el concejal van a condicionar durante dos años el acceso a Madrid de todo el tráfico que vendrá por la A-5 desde Extremadura, Talavera y los municipios limítrofes de Toledo, "y es una cuestión que tenemos que luchar y tenemos que intentar que se nos conceda por parte del ministerio" para que no haya ningún tipo de coste por el uso de la R-5.

Por su parte, el viceportavoz del Grupo Municipal VOX, Enrique Etayo, ha señalado que el Gobierno debería ser solidario con todos los municipios y provincias que se verán afectados por este problema "y nosotros vamos a defender a los miles de talaveranos que se verían beneficiados por esta medida".

Etayo ha censurado que los socialistas de Talavera y de Castilla-La Mancha "no reclamen al Ministerio la posibilidad de que no sean los propios ayuntamientos afectados los que asuman el coste de este peaje". En ese sentido, ha dicho que en Talavera "nos vemos a un Partido Socialista trabajando por los intereses reales de Talavera y de su comarca y seguimos esperando".

Ha reiterado que la gratuidad del peaje de la R-5, "sería una forma de ayudar a los miles de personas que van a Madrid", desde trabajadores a proveedores de la zona que recurren a esta "autovía tan importante de España".

"Queremos lo mismo para la R-5", ha dicho Etayo, que ha reivindicado un trato igualitario, como sucede en otras zonas del país, para garantizar la movilidad en el territorio nacional, para prevenir situaciones que afecten al tráfico rodado, "y sobre todo, para que los ciudadanos tengan una accesibilidad a Madrid o a otras comunidades porque tienen que pasar por Madrid, sin verse afectados".

PUNTOS DE ACUERDO

En sesión plenaria se ha dado luz verde a la solicitud al Gobierno de España para que apruebe la gratuidad del peaje de la R-5 durante el tiempo que duren las obras de soterramiento de la A-5 y su plena apertura al tráfico rodado.

También se insta al ministerio de Transportes a que "levante y asuma la totalidad del coste del peaje de la R-5, ya que beneficia a ciudadanos de al menos tres comunidades autónomas".

García-Barroso ha explicado en octubre comenzaron las obras de soterramiento de la A-5, para su transformación en el Paseo Verde del Suroeste, y el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un Plan de Movilidad para minimizar las afecciones al tráfico rodado y por extensión a la movilidad de los ciudadanos, cuando se reduzcan los carriles de acceso y salida de la ciudad.

Las obras tiene una duración prevista de dos años y para que tengan el menor impacto sobre la seguridad, el tráfico y tiempos de acceso a Madrid por la A-5, "el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de Madrid han pedido al Gobierno de España que la R-5, la autovía radial de peaje que cubre la ruta de la A-5, sea gratuita durante las obras hasta su entera finalización y puesta en circulación".

En ese sentido ha destacado que el uso de la R-5 "es una alternativa muy buena" para acoger una parte importante de los vehículos que no podrán acceder por la A-5, para descongestionar la autovía de Extremadura, según los estudios técnicos que ha realizado la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), que gestiona la R-5.

Además, se estima que a diario entran y salen de Madrid por la A-5 hasta 80.000 vehículos. En la actualidad, la Autovía del Suroeste tiene cuatro carriles por sentido, "pero a partir de diciembre, cuando la intensidad de los trabajos para la construcción de un túnel de alrededor de tres kilómetros sea mayor, el espacio para circular se verá reducido a dos carriles por sentido".

Por eso, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento han reclamado que en horas punta se levante el peaje de la radial R-5, una gratuidad que  beneficiará a los madrileños, a los ciudadanos de los municipios del área metropolitana, como Alcorcón, Móstoles, Arroyomolinos, a los extremeños y ciudadanos de Cáceres y Badajoz, a los toledanos en su conjunto, "a ciudades como Talavera de la Reina, y a todos los municipios pertenecientes y con servicio directo sobre la infraestructura de transportes de la A-5".

Según información publicada, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes, "ofrece levantar el peaje de la R-5 siempre que los ayuntamientos de los municipios afectados, entre ellos Madrid, asuman el coste del levantamiento de estos peajes, en una carretera de la que únicamente 1,5 kilómetros, un 5% de la vía, transita por la misma".

Con esta moción, el PP reclama "una medida que se está aplicando en la AP-7 de Alicante y en la AP-9 de Galicia", además de que no existen criterios objetivos que puedan cuantificar el tránsito por la A-5 de vehículos censados en un municipio, "sin ocasionar resultados e impactos económicos gravosos para las haciendas municipales tal y  como se pretende por el Ministerio".

Unos costes, ha dicho García-Barroso "que en modo alguno están previstos ni se pueden prever en los presupuestos de los ayuntamientos ante la incertidumbre de los mismos, al mismo tiempo de ser inasumibles".

"Sólo exigimos un trato igualitario y en las mismas condiciones que se están aplicando en otras zonas de España", y los ayuntamientos afectados "no estamos dispuestos a sufrir los daños inmediatos y directos" que se producirían ante el colapso circulatorio de no tomar medidas paliativas a tiempo, con el consiguiente impacto negativo en las economías de las empresas y en la movilidad de los vecinos de estas poblaciones.

MAPA DE TRANSPORTE

En la misma sesión, ha salido adelante con los votos de PP y Vox y la abstención del PSOE la proposición del Grupo Municipal Popular para rechazar el nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús García Barroso, ha dejado clara la oposición del PP al mapa concesional estatal de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera que se plantea por parte del ministerio, "que va a ser un problema para Castilla-La Mancha en cuanto a que restringirá líneas que actualmente son explotables desde el punto de vista económico para las grandes municipios".

Sin embargo, para otro tipo de municipios o comunidades "el ministerio nos deja las que resulten económicamente deficitarias, y eso va a suponer una restricción en cuanto a las frecuencias y en cuanto al número de unidades que se puedan desplazar entre poblaciones dentro de Castilla-La Mancha".

"Nosotros nos oponemos a ese mapa y creemos que también va a afectar de una forma bastante importante a la comunicación de Talavera con su comarca".

Por otra parte, el concejal de VOX, Gerardo Sánchez, ha dicho que el nuevo mapa concesional "supone un ataque directo a la libertad de elección de los usuarios y a la sostenibilidad económica de los territorios menos poblados".

En su opinión, este nuevo mapa concesional "condena a las zonas rurales y a las pequeñas poblaciones al aislamiento" y la reducción de rutas y frecuencias propuestas responde "más a criterios financieros que a criterios sociales o de servicio público". Algo que  afectará especialmente "a nuestros mayores, estudiantes y trabajadores, que dependen de estos servicios para acceder a la educación, el empleo o la sanidad".

El transporte debe adaptarse a las características específicas de cada región, "y no someterse a un diseño centralizado que desconoce las necesidades reales de los ciudadanos", ha señalado Sánchez, que ha dicho que este mapa es un claro ejemplo "de cómo las decisiones políticas tomadas desde los despachos olvidan las realidades locales y las necesidades de los ciudadanos".