Las autoridades de Estonia, Letonia y Lituania han protestado este miércoles ante el Gobierno ruso un día después de que Moscú pusiera en busca y captura a varios altos cargos y políticos de los países bálticos.

El Gobierno estonio ha convocado así al encargado de negocios ruso en el país, Lenar Salimullin, después de que el Ministerio del Interior ruso incluyera el martes a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, en su lista de personas buscadas junto al secretario de Estado Taimar Peterkop, quien ha sido imputado por cargos no especificados.

"Informamos de que esto no nos impedirá seguir tomando las decisiones pertinentes en lo referente a Estonia y Ucrania", ha indicado el Ministerio de Exteriores del país báltico en un comunicado.

En este sentido, el ministro de Exteriores de Letonia, Krisjanis Karins, ha convocado al encargado de negocios ruso en el país, Oleg Zikov, después de que el Gobierno ruso emitiera una orden de detención contra el ministro de Finanzas, Arvils Aseradens, y varios altos cargos del país.

"El Ministerio cita al encargado de negocios de la Embajada por una lista de funcionarios letones contra quienes Rusia ha iniciado procedimientos por motivos políticos", ha aseverado Karins en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X. Así, ha señalado que se ha pedido al encargado de negocios "dar explicaciones" al respecto.

Por su parte, las autoridades lituanas han trasladado también su protesta a las autoridades rusas y han rechazado la decisión de poner en busca y captura al ministro de Cultura del país, Simonas Kairis, según un comunicado de la entidad.

Las autoridades estonias y letonas han iniciado procedimientos de desmantelamiento de diversos monumentos soviéticos a raíz de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladímir Putin. Los tres países bálticos han sido especialmente críticos con Moscú por su ofensiva.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha aseverado que los países bálticos cometen actos hostiles contra Rusia y ha indicado que estas personas son "responsables de decisiones que constituyen una profanación de la memoria histórica".