Manuel Madruga, secretario general de Fedeto, sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) sin contar con el acuerdo de los empresarios, recuerda que ellos propusieron un 3%, el Gobierno contra ofertó un 4%, ellos dijeron que no y el Gobierno «se cogió un berrinche y ha decidido elevarlo al 5%.
Subraya que el Estatuto de los Trabajadores establece que el SMI debe seguir una serie de parámetros (IPC, productividad, participación en la renta nacional del trabajo, coyuntura económica) pero opina «nada de eso se ha tenido en cuenta» y denuncia que en seis años el SMI «ha subido un 55%». No entiende por qué se les «castiga» y advierte que también afecta a las familias que tengan empleados de hogar o personas que cuidan a dependientes ya que sus gastos suben un 5% «de la noche a la mañana». Por lo tanto, «peligra el estado del bienestar» y el encarecimiento llama a la economía sumergida. Además puede jugar en contra de algunos trabajadores porque hace un efecto llamada a personas europeas que están deseando venirse y que hasta ahora no lo hacían por la diferencia salarial.
También se queja de la hipocresía del Gobierno que obliga a las empresas a asumir ese 5% mientras el Estado como mucho sube a sus funcionarios un 3% y tampoco traslada esa subida del 5% a los concursos de licitación de servicios, por lo tanto las empresas adjudicatarias tienen que aguantar esa subida salarial sin percibir mayores ingresos de la Administración. «Es la ley del embudo; lo ancho para el Estado lo estrecho para los empresarios».
Insiste en que el Gobierno no negocia sino que impone por razones electorales y considera que para hablar de salario mínimo, de reducción de jornada o de conciliación de vida laboral y personal hay que tomar en cuenta parámetros económicos «objetivos» para ver hasta dónde se puede llegar. Asegura que este año las empresas tienen que soportar 5.000 millones de euros más en cotizaciones a la Seguridad Social y lo achaca a que el Gobierno no es capaz de mantener las pensiones. «Es insostenible cuando hay provincias donde no hay ni siquiera dos cotizantes por cada pensionista».
Recalca que en su opinión esto no es política progresista, ya que no se avanza en economía y a continuación en derechos, sino que se debilita la economía. A esto añade la inseguridad jurídica en la que se hace vivir a las empresas que no saben «cuál va a ser la siguiente ocurrencia».
Por su parte vaticina que va a ser la reducción de jornada: trabajar menos por el mismo salario. Y avisa que sectores como el comercio no podrán soportarlo por la necesidad de sustituir a sus empleados en esas horas. Madruga demanda que el Gobierno se siente a negociar «con lealtad, sin amenazas, sin castigos» y asegura que los empresarios quieren que lo que se propone sea razonable. Ya puestos pregunta por qué no se puede hablar de absentismo y cada vez que sacan este tema les llaman fascistas cuando las inspecciones para detectar fraudes son nulas.
Se queja de que el Gobierno actúa en todo de forma improvisada y frentista para desviar la atención y «congraciarse con la sociedad» frente a problemas como la amnistía de los delincuentes independentistas.
Afirma que el empresario está «agobiado y angustiado, que la situación económica no es especialmente buena, que los contratos son en su mayoría a tiempo parcial o fijo discontinuo, que se han trabajado menos horas en 2023 que en 2022, que la afiliación a la Seguridad Social se llena a base de contratos pequeños, que en el paro hay 500.000 personas que no computan» solo porque se supone que demandan empleo.
Advierte que no tener en cuenta este factor encarece más todavía la subida del salario mínimo interprofesional y que se está fomentando una inflación de segunda vuelta que «lleva a la ruina económica».
Dice que de lo que se trata es de mejorar las condiciones de los trabajadores, salariales y de derechos, «pero de forma serena, seria, dialogada, pactada, que se pueda mantener y sea sostenible». Además señala que a muchos trabajadores se les ha subido un 0,1% su cotización a la Seguridad Social pero muchos no se van a dar cuenta e incluso habrá nóminas más pequeñas que el año pasado.