La Fiscalía Provincial de Toledo ha abierto diligencias de investigación a raíz de una denuncia presentada por un policía local contra la alcaldesa de Corral de Almaguer, la también senadora del PP Juliana Fernández de la Cueva. En esta denuncia, se acusa a la regidora por anular decenas de sanciones de tráfico a personas afines a su partido durante los últimos años, por lo que habría cometido un presunto delito de prevaricación.

Tras divulgarse el asunto por el periódico La Razón, fuentes judiciales han confirmado a este medio la recepción por la Fiscalía toledana de esta denuncia, que fue puesta primero en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. Tras decidir este órgano devolverlo a sus compañeros de Toledo, se ha resuelto abrir estas diligencias de investigación que son dirigidas por el propio fiscal jefe provincial, Luis Ibáñez. El fiscal jefe ha iniciado ya sus pesquisas recabando informes sobre los hechos tanto al propio denunciante (miembro de la Policía Local corraleña) como al Ayuntamiento.

La denuncia alerta sobre casos en los que se habrían anulado multas económicas. La regidora también habría evitado la retirada de puntos del carné aparejadas a sanciones graves de circulación como superar la tasa de alcohol al volante, tras acogerse a la reducción de la multa económica a la mitad por pronto pago.

El partido opositor en Corral, el PSOE, ha explicado en una nota que reclamó a Fernández de la Cueva en el Pleno explicaciones sobre los hechos recogidos en la denuncia. «Ni en el pleno de noviembre ni en los dos meses que han transcurrido desde entonces dichas explicaciones se han producido.

En un comunicado, la alcaldesa de Corral niega haber cometido una prevaricación continuada anulando multas. La regidora ha reclamado al diario La Razón que rectifique «las falsedades y los juicios de valor que se han emitido» y, en su caso, interpondrá contra el rotativo madrileño una querella criminal por injurias. «Serán los Tribunales los que pongan a cada uno en su lugar», señalaba.

Tercer caso que afecta a alcaldes toledanos.

El caso de Fernández de la Cueva es el tercero que afecta a un alcalde de la provincia por anular sanciones de tráfico en los últimos tiempos. Hay que recordar que el pasado año el alcalde de Yuncos, el ‘popular’ Gregorio Rodríguez, fue condenado a siete años de inhablitación por anular unas multas de tráfico. La sentencia es firme pero aún no se ha ejecutado, y Rodríguez la ha recurrido al Tribunal Constitucional.

Ya fuera del PP, está el caso del alcalde de Cazalegas, Amando Blanco. Este regidor de Izquierda Unida será sometido próximamente a juicio tras estimarse una querella de su propia Policía Local, que le acusa de prevaricar al dejar que caducaran sanciones de circulación contra conocidos suyos.