«El Ayuntamiento poco o nada tiene que decir» sobre el Kiosko Base. Con rotundidad respondió esta mañana el portavoz del Ayuntamiento, Juan José Alcalde, sobre el conflicto abierto por la titularidad de los terrenos en los que se asienta este negocio hostelero que explota la Hermandad Virgen del Valle desde hace casi cuarenta años. En su opinión, la administración no puede meterse en un problema «entre dos particulares» que tienen que resolver al margen del Ayuntamiento.

El enfrentamiento entre ambas partes obedece al contrato, pero la arrendataria del Kiosko Base ha ido más allá en estos últimos años ante las dudas que apuntaban que el negocio, junto a la ermita del Valle, se encuentra en suelo de dominio público municipal y está dispuesta a ir a los tribunales para que la hermandad no pueda obtener beneficios por el alquiler mensual de un negocio que no se asienta sobre suelo de su propiedad. 

En este caso, Alcalde subrayó que al equipo de Gobierno municipal «no le consta que» que esos terrenos del kiosko base sean públicos y se remitió a las palabras del concejal de Promoción Económica, Juan Marín, sobre la titularidad que disfruta la Hermandad que puede acreditarse con un expediente de obras que realizaron en los años 60 que se encuentra en el Archivo Municipal e incluye la concesión de la correspondiente licencia. 

Además, Alcalde tampoco conoce el informe del arquitecto técnico al que aludió el martes el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, apoyándose en que los metros que ocupa el Kiosko Base son de dominio público municipal. «Tendría que ver el documento», insistió, pero considera que los tribunales también han dejado claro este asunto sobre el que insiste este grupo de oposición que le solicitará la apertura del correspondiente expediente para que el Ayuntamiento reclame a la hermandad los cinco últimos años fiscales de alquiler de este negocio, una cuantía que ronda los 100.000 euros.

«Me ciño a la sentencia sobre quién es el propietario del suelo», manifestó en relación al reciente pleito que ganó la hermandad centrada en el contrato, con una sentencia a su favor que obligaba a la arrendataria a dejar el negocio tras haber caducado el contrato en 2021.