En mis artículos no suelo referirme a los temas de actualidad, pues entiendo que ya hay muchos comentaristas y tertulianos que los abordan. Por otra parte, yo prefiero dotar a aquellos de un contenido permanente y no meramente coyuntural y que te haga meditar, amable lector. Sin embargo, no puedo sustraerme a los momentos que vive España y al grave peligro de desintegración que corre.
Son tan graves las concesiones que se están haciendo a los indepes, que abandono, aunque sea por unos días, la línea de mis artículos para expresar mi grito. Y, además, porque creo que tú lector, si vienes siguiéndolos, tienes derecho a saber que opino con lo que está pasando.
Empecemos por la amnistía. Se dice que se hace en interés de España, para garantizar la convivencia y para evitar que una repetición electoral produjera unos resultados favorables a los partidos de derechas.
Son dos mentiras y una vulneración del principio fundamental del pluralismo político (artículo 1 de la Constitución). Es mentira que se haga en interés de España porque hay al menos 11 millones de españoles, las 11 Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, el Consejo General del Poder Judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación mayoritaria de Fiscales, que se han manifestado contra su concesión. En un tema tan polémico, que divide a los españoles, no puede afirmarse que se actúa en interés de España, a menos que este interés se confunda con el interés personal de Sánchez.
La segunda mentira, que es para garantizar la convivencia, es tan grave como la anterior. No se garantiza la convivencia porque ninguno de los posibles amnistiados ha declarado que no volverán a hacerlo. Al contrario, han reiterado que volverán a hacerlo. ¿Dónde está, entonces, la convivencia? En las últimas encuestas oficiales de la propia Cataluña, más de la mitad de los encuestados eran contrarios a su independencia. ¿Qué tipo de convivencia se garantiza con la amnistía?
La infracción del principio fundamental del pluralismo político se produce porque el artículo 1 de nuestra Constitución declara que España «…propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Por tanto, conceder una amnistía para evitar que en una repetición electoral puedan ganar los partidos de derechas, supone negar a los españoles su libertad de optar electoralmente entre dos diferentes alternativas, lo que implica negarles la esencia misma del pluralismo político.
Pero no acaban aquí las graves anomalías. Está previsto que el proyecto de ley de amnistía se presente en el Congreso de los Diputados como una proposición de ley de grupo parlamentario socialista, y no como un proyecto de ley aprobado por el Gobierno. Y esto se hace para evitar el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial,  del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, es decir, tres organismos constitucionales que, en un tema tan controvertido, serían más imprescindibles que nunca. Que poca confianza tiene el Gobierno en la corrección de lo que se propone, que utiliza tal artimaña para evitar el dictamen de los órganos citados.
Además, destacados juristas de nuestra España han sostenido que la amnistía no cabe en nuestra Constitución y que su concesión supondría una grave infracción del texto. Sin embargo, si por vía de recurso le llegara al Tribunal Constitucional, no hay ninguna duda que será validada, dado el sectarismo y la parcialidad mostrada por este alto tribunal (con minúsculas).
Al margen de la cuestión de su inconstitucionalidad, si llega a concederse la amnistía quedarían sobreseídas las acciones en curso en los Tribunales de Justicia, y quedarían sin efecto las sentencias firmes dictadas hasta el momento. Todo ello es incompatible con el Estado de Derecho, que significa que todos los poderes públicos han de actuar de acuerdo con lo dispuesto en las leyes, existiendo responsabilidad, incluso penal, para aquellos poderes que voluntaria y manifiestamente infrinjan las leyes.
La amnistía no es compatible con el Estado de Derecho que también es proclamado por el artículo 1 de nuestra Constitución («España se constituye en un Estado social y democrático de derecho»). Tampoco lo es con el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución). La amnistía genera una casta de ciudadanos impune a los delitos cometidos, lo que contradice el principio de igualdad ante la ley (artículo 14 de la Constitución). Y violenta la independencia de los Tribunales porque se utiliza una ley en beneficio de unos pocos, impidiendo su intervención.
Finalmente, tampoco la amnistía es compatible con el Tratado de la Unión Europea aprobado en Lisboa, aunque, personalmente, tenga muy poca fe en las medidas que pueda tomar Europa (dicen que son problemas internos y que bastantes problemas tienen como para meterse con los nacionales). Pero debe recordarse que el artículo 2 de aquel Tratado dispone literalmente: «La Unión se fundamenta en los valores de respeto de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho, y respeto de los derechos humanos…».
La amnistía no es único problema ni la única concesión a los indepes. En el próximo artículo hablaremos de ellos.