Agobiados por el impago reiterado de las indemnizaciones que les corresponden, un grupo de unos 200 expropiados que perdieron  terrenos por la construcción de la autopista AP-41 Madrid-Toledo preparan el salto a la vía penal. Según ha explicado su abogado, Fernando Guirao, estudian querellarse contra varios cargos del Ministerio de Fomento al apreciar que la negativa al pago, pese a las reiteradas sentencias judiciales a favor de los afectados, va más allá de lo contencioso para entrar en lo presuntamente delictivo.

Guirao, responsable de la consultora especializada en pleitos de expropiaciones Cleocir, ha encargado un estudio de la situación en concreto  a dos catedráticos de Derecho Penal, que espera que esté listo para finales del mes que viene. Se pide a los expertos que dictaminen si los cargos de Fomento que han tenido una relación más directa con la gestión de la autopista quebrada están pudiendo cometer los presuntos delitos de prevaricación (resolución injusta a sabiendas), cohecho (trato de favor de un funcionario a alguien a cambio de un beneficio) y malversación de fondos públicos. Los cargos a los que en principio se dirigiría la querella serían los jefes de Demarcación de Carreteras de Toledo y Madrid, el subdelegado responsable de sociedades concesionarias,  y el secretario general de Infraestructuras del Ministerio.

 «Esto irá directamente contra Fomento y, subsidiariamente, contra responsables de las concesionarias. Se van a determinar responsabilidades penales y si no hay acuerdo, plantearemos querellas en nombre de nuestros clientes. Es lo único que nos queda», comenta el letrado de Cleocir recordando que sus representados llevan años reclamando los pagos y que este pleito puede demorarse dos años más.

La posible querella se fundamenta en que estos responsables estatales están desconociendo a posta la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Guirao recuerda que esta ley obliga al Estado a cancelar un contrato con una empresa que no sea capaz de hacerse cargo por si misma de una concesión que se le haya adjudicado, asumiéndola directamente la Administración pública. En ese caso estaría la sociedad gestora de la AP-41 desde que en mayo del año pasado se declaró en concurso de acreedores. «En el momento en que las concesionarias no pueden pagar a los expropiados, están incumpliendo su contrato de concesión», razona.

El letrado sostiene por ello que la solución al pago de los 20 millones de indemnización que reclaman sus clientes pasa porque  Fomento asuma directamente la gestión de la autopista y sus débitos. Hay que recordar que la AP-41 cuenta con un pasivo de más de 500 millones de euros, de lo que 150 millones serían las indemnizaciones para los 1.600 afectados por sus expropiaciones. Por ello, valora que las tácticas de Fomento al apelar sistemática todos los autos y sentencias a favor de los expropiados e intentar parar o disminuir las indemnizaciones por la vía de incluirlas en el proceso concursal, algo que  los tribunales han rechazado por ir incluso contra el derecho a una indemnización justa recogido en la Constitución, puede ir más allá de la mala fe. Aquí reitera el «enriquecimiento injusto» logrado por el Estado al haberse utilizado ya las tierras de sus clientes en una infraestructura de uso público como una autopista sin habérseles otorgado la compensación que marca la Justicia.

Al 'banco malo'.

Por otra parte, Guirao también ha criticado que el Estado insista en el sostenimiento de las autopistas quebradas a través de una sociedad quebrada en la que las concesionarias tendrían una representación accionarial. «Fomento está forzando una negociación ilegal», comenta el letrado remitiéndose a su tesis de que hay que anular las concesiones a empresas de autopistas en proceso concursal.

Considera que la mejor solución habría pasado por la entrada de estas autopistas en el Sareb, el ‘banco malo’ que ha asumido los activos tóxicos como créditos fallidos a la construcción, para que su saneamiento tuviera en cuenta el pago de las expropiaciones.