Asociaciones de víctimas del amianto procedentes de toda España, agentes sociales, expertos en la materia y diversas organizaciones, han trasladado al ejecutivo español un manifiesto en el que reclaman el desarrollo de una Ley Integral del Amianto que permita salvar «decenas de miles de vidas» y sitúe a España en una «posición de vanguardia en la Unión Europea» así como «referente internacional en la lucha contra la crisis del amianto en el mundo». Entre los firmantes del documento se encuentran ‘Mi barrio sin Amianto’ y la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’, del Polígono.

La propuesta para el desarrollo de una Ley Integral contra el amianto, gira en torno a tres pilares fundamentales, la salud pública, la protección del medio ambiente y los derechos de los trabajadores y cuenta ya con el apoyo de más de 8.000 personas a través de la plataforma change.org además de otras 10.000 firmas recogidas para la investigación del cáncer derivado de la exposición al amianto.

Esta propuesta recuerda las diversas estimaciones que señalan que la cifra de fallecimientos en España causados por patologías provocadas por el uso industrial del amianto será de al menos 130.000 hasta el año 2050, de los cuales un 40% todavía no se han producido, los expertos prevén 5.000 defunciones a lo largo de este año 2020.

Apoyos al desarrollo de una Ley Integral del Amianto - Foto: Yolanda LanchaEl manifiesto insta al Gobierno español a impulsar la creación de un instrumento legislativo que permita desarrollar una política eficaz destinada a proteger los derechos de las personas que se ven afectadas por la exposición al amianto o que padecerán en años venideros los efectos sobre la salud de la inhalación de este material prohibido en el conjunto de la UE desde el año 2002.

Al mismo tiempo, tras recordar que la Organización Mundial de la Salud, es contundente al advertir no existe un nivel de exposición a las fibras de amianto que no comporte riesgo, el Manifiesto por una ley integral del amianto propone que la futura norma permita afrontar el reto del completo desamiantado del territorio español. Medida urgente si atendemos al hecho que, tal y como recoge el texto promovido por las entidades participantes en esta iniciativa, «el 65% del amianto instalado en todo el territorio español ha finalizado su vida útil (30-35 años), lo que incrementa su peligrosidad al desprender una mayor cantidad de fibras letales al ambiente».

mandato europeo. La futura Ley Integral del Amianto que se reclama debería situarse, según las entidades demandantes, en línea con los objetivos fijados por las autoridades europeas respecto la necesidad de erradicación del asbesto y la protección de la salud ante una amenaza que, anualmente, provoca más de 88.000 muertes en los países miembros de la Unión Europea.

Así, el manifiesto se remite a la Resolución sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente aprobada por el Parlamento Europeo en 2013 y al Dictamen del Consejo Económico y Social Europeo ‘Erradicar el amianto en la UE’, que insiste en el carácter prioritario que deben tener para los estados miembros y para las instituciones comunitarias la eliminación del amianto de forma segura, estableciendo el año 2032 como plazo máximo para la consecución de la plena erradicación del amianto en territorio europeo.

Las organizaciones firmantes han instado al  Gobierno a ir un paso más allá en vista de la gran pasividad con la que se ha gestionado la situación del amianto en España, el inaceptable deterioro de muchas edificaciones con amianto y vertidos ilegales en entornos rurales y urbanos que supone exposición pasiva al amianto al conjunto de la sociedad y ya que en 14 años no ha existido ningún instrumento legislativo para la erradicación del amianto, y el objetivo de que España esté libre de amianto en el año 2028.

El manifiesto propone un amplio abanico de ejes de actuación que debieran quedar al amparo de la norma que se promueva, con especial énfasis en la necesidad instruir un fondo de indemnización para las víctimas del amianto (FIVA), de promover el censo de los elementos fabricados con amianto o que contengan asbesto tanto en edificios públicos como privados y  su erradicación segura, priorizando el desamiantado de escuelas e instalaciones frecuentadas por niños y niñas, dada la especial vulnerabilidad de la población infantil, la mejora del Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), seguimiento de los planes de desamiantado y  el desarrollo proyectos de inversión en la investigación científica pública y privada para obtener métodos de diagnóstico precoz de los cánceres del amianto,  lograr avances significativos en el tratamiento de las personas afectadas, para salvar vidas.

Se pretende que la futura ley también contribuya de forma decisiva a acabar con las dificultades de los afectados y afectadas a la hora de acceder al reconocimiento del origen profesional de las patologías causadas por la exposición al amianto.