Con la lluvia bajo mínimos para los cultivos de secano, especialmente en las superficies de herbáceos-cereales-leguminosas y los prados para las cabañas ganaderas extensivas, y con las reservas de los pantanos para los riegos futuros bajo mínimos, la sequía se ha convertido ya en la principal preocupación para una gran parte del sector agrario. No es para menos, porque podrían producirse daños catastróficos si no hay un vuelco en las condiciones atmosféricas que nos acompañan desde hace varios meses. Aunque el tiempo diga lo contrario, la realidad es que para agricultores y ganaderos llueve sobre mojado ante una situación que se suma a los problemas provocados ya por el incremento de los costes de producción y la venta de muchos productos por debajo de los mismos.
De acuerdo con los datos manejados por las aseguradoras, en los últimos años, consecuencia del cambio climático, los siniestros por sequía han sido más frecuentes, han tenido una mayor intensidad y agresividad, han ocupado superficies más extensas y se han alargado durante mayores periodos a lo largo del año.
Las sequías son el fenómeno que provoca, junto con la piedra, los daños más graves en el sector, a pesar de lo cual no hay una contratación generalizada. Aunque se producen todos los años, según las estadísticas, en las dos últimas décadas los fenómenos de mayor gravedad se han repetido curiosamente cada cinco años: en 2006-07, 2012, 2017; y podría repetirse este año 2022 cumpliéndose la tradición. Hoy, en la mitad sur, especialmente en los herbáceos de secano, los daños ya son parcialmente irreversibles y lo serán igualmente en regadíos por la falta de agua embalsada, si bien no se puede hablar aún de su cuantía. En 2012 las indemnizaciones ascendieron a 210 millones de solo 135.000 hectáreas aseguradas. En 2017 los pagos se elevaron a elevaron a 143 millones de los que 110 eran de cultivos herbáceos, básicamente de cereales. En 2021 los pagos por sequía correspondieron a 152.000 hectáreas con indemnizaciones de 12 millones de los que 8,56 millones correspondieron a los cultivos de herbáceos, 1,9 al viñedo y 1,41 al olivar. Este año la superficie podría llegar a millones de hectáreas, especialmente de herbáceos, leguminosas, leñosos (desde el olivar a los frutales), viñedos y pastos. COAG señalaba hace unos días el estado de alerta en la mitad de las superficies de cultivo.
A pesar de ello, bien porque no se ha tratado hasta la fecha de un riesgo grave de cada año y así lo considera el agricultor, a diferencia de lo que ocurre con la piedra; o por no existir un equilibrio entre su coste y el valor de lo cubierto, la realidad es que el seguro contra la sequía es uno de los retos pendientes en la política de los seguros agrarios. Necesita una respuesta ajustada a la vista del cambio climático, que no parece que traiga más lluvias, precisamente.
Actualmente, la cobertura de daños por sequía va por barrios y, con la excepción de los herbáceos, es especialmente baja. Según los datos manejados por Agroseguro, la superficie total asegurada es de 6,2 millones de hectáreas. De ellas, 2,8 millones son cultivos de herbáceos -frente a una superficie total de este tipo de cultivos de 8,6 millones de hectáreas-. En olivar la superficie asegurada por sequía sería de 98.626 hectáreas, cuando la extensión total alcanza los 2,7 millones. En el caso de la uva de transformación el seguro cubre 302.000 hectáreas de un total de 950.000. Y en el caso de los frutos secos la superficie cubierta es de 59.131 hectáreas, cuando en España existen unas 700.000 hectáreas de almendros, 50.000 de pistacho y 10.000 de nogales. En pastos, sobre una superficie de 800.000 hectáreas, el aseguramiento se mide por cabezas de ganado con 1,15 millones de animales, cuando solamente en ovino el censo es de 16 millones, más otros dos millones en caprino y dos más en vacuno.
En total, unos 3,3 millones de hectáreas cubiertas. Esto supone el 15% de la Superficie Agraria Útil, que supera los 23 millones de hectáreas; y el 20% de la superficie de cultivo, que ronda los 17 millones de hectáreas. Ello conlleva un capital asegurado frente a este riesgo de solo unos 2.800 millones, de los que 1.545 corresponden a los herbáceos, 824 al viñedo y 174 al olivar, frente al valor de la Producción Final Agraria de 52.000 millones.
Durante los últimos años, con la cosa del cambio climático a las espaldas, un fenómeno evidente ha sido el de una mayor siniestralidad en el conjunto de la actividad del seguro en la rama agrícola y con ello mayores indemnizaciones hasta superar ampliamente los 700 millones de euros, situación que provocó un ajuste de beneficios para las compañías aseguradoras. Ello hizo que desde todas las partes -empresas, Administración y el sector- se trataran de buscar salidas en aras de un equilibrio para garantizar el futuro del seguro.
De un lado, se plantearon medidas de laboreo como cambios de variedades, adelanto o retraso de siembras, aumento de zonas de riego o una mayor universalización de las contrataciones para atraer al seguro cultivos que estaban y se mantienen casi ajenos, como el olivar. Sin embargo, las compañías, con el beneplácito de la Administración, optaron por el incremento de primas, aumento de franquicias o menos coberturas al no haber más recursos públicos para apoyar las contrataciones.
Las subvenciones al seguro por parte de Agricultura estuvieron congeladas en 211 millones con la Administración popular, para subir con los socialistas hasta los 256 millones, a los que suman hoy unos 80 millones más las comunidades autónomas. Ello supuso que el agricultor pasara de pagar menos del 40% del coste de la prima a pagar el 60%, lo que se ha traducido en una caída de las contrataciones desde las 450.000 a 409.000 del último año, aunque el capital asegurado en todas las líneas ascienda a la cifra récord de 15.590 millones de euros por los mayores precios de los productos.
ASAJA, UPA y COAG han planteado a empresas y Administración la necesidad de un cambio en la actual política para que sea realmente un paraguas para los ingresos del sector y no una carrera de aumento de primas y menos coberturas.
Desde UPA se aboga por aumentar los aseguramientos, muy especialmente en las producciones más significativas, a través de mayores coberturas a un precio rentable; desde COAG se critica que la vía elegida fuera solamente la de aumentar su coste. ASAJA fue más lejos al solicitar además el cese del presidente del pool de las entidades aseguradoras (Agroseguro), Ignacio Machetti, y también se denuncia la política de imposiciones desde la propia Entidad Estatal de Seguros Agrarios, dependiente del Ministerio de Agricultura.