Los acuerdos entre países o bloques de países por los que se regula el acceso a los mercados en materia de volumen, precios de entrada, aranceles o periodos de vigencia constituyen los ejes de las relaciones comerciales con carácter general. Esta situación es especialmente importante en el ámbito agroalimentario, donde existe una mayor sensibilidad para que esos acuerdos impliquen proteger la producción interior en el marco de las relaciones que permita la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Sin embargo, por debajo de esas exigencias por el volumen, los precios o los periodos de entrada, día a día han ganado peso y hoy son determinantes en esos mismos acuerdos las exigencias y controles en materia de sanidad vegetal y, sobre todo, de seguridad alimentaria, a pesar de que en muchos casos han sido simplemente instrumentos utilizados por determinados países para bloquear o poner trabas a las importaciones para no perjudicar los intereses de los productores nacionales.

Ahí está el caso de Estados Unidos -pero hay más, como Japón o Argentina-, que bloquea durante semanas los cargamentos de cítricos españoles en puerto para su análisis, de manera que evita su entrada para no dañar los intereses de los productores californianos, como hicieron con el propio aceite de oliva español para no perjudicar a olivareros locales.

Desde la perspectiva de la sanidad y seguridad alimentaria crece la preocupación y por ello se tratan de reforzar o de articular nuevos mecanismos en frontera para la detección de plagas o enfermedades actualmente erradicadas en los países comunitarios, España incluida, que pueden entrar vía importaciones con graves riesgos por su posible expansión a los cultivos. En este sentido, desde la producción se destaca como un ejemplo el hecho de que en las entradas de los cítricos procedentes de Sudáfrica, los propios exportadores de ese país hayan reconocido que las autoridades de vigilancia aduanera de España rechazan las partidas 50 veces más que lo que lo hacen los puestos fronterizos de otros países miembros, y muy especialmente de Holanda. Ello da pie a que esas partidas rechazadas por los servicios de vigilancia españoles puedan acabar entrando al mercado español a través de otros países comunitarios con los consiguientes riegos para los cultivos y para los consumidores. Así, se repite el caso de la miel china adulterada que hace unos años era rechazada en la frontera española, mientras accedía a España por otros países comunitarios del este, sobre todo a través de Portugal.

Hoy, además de las preocupaciones de la producción por la entrada masiva en volumen de productos desde terceros países, preocupa la entrada en los mercados comunitarios de productos desde esos mismos territorios que no cumplan las normas comunitarias en materia de sanidad y seguridad alimentaria, que contengan residuos de productos fito o zoosanitarios no autorizados en la Unión Europa o que se trate de productos autorizados, pero con residuos por encima de los límites máximos con posibles efectos negativos sobre la salud.

En este contexto no se considera, aunque también cuenta o debería contar, todo lo relativo al medio ambiente o al bienestar animal, aspectos en los que la normativa comunitaria es muy rigurosa. Esta estricta legislación interna supone un incremento de costes en relación con las normas exigidas en terceros países, lo que merma la competitividad, a pesar de su calidad, de las producciones comunitarias. A todo ello se deben sumar los menores costes laborales en la mayor parte de los casos, aparte de incumplimientos de las exigencias de la Organización Mundial del Trabajo. Esta situación puede afectar a todos los productos importados desde terceros países.

Ganadería.

En las producciones ganaderas el desequilibrio viene especialmente por el bienestar animal, por los sistemas de sacrificio o por el empleo en su alimentación de productos hormonales o para el crecimiento no autorizados en los países comunitarios, lo que les permite una mayor competitividad para sus carnes o productos derivados, algo que sucede por ejemplo con las carnes de vacuno o con el pollo.

Sin embargo, hoy la principal preocupación del sector agrario no se halla en los subsectores ganaderos, sino en el sector agrario por el uso de fitosanitarios en la producción de frutas y hortalizas que en los últimos tiempos han incrementado fuertemente sus entradas, muy especialmente desde el norte de África y países del este. La utilización de este tipo de productos agroquímicos les permite producir más y a menor coste, lo que les coloca en una posición de mayor competitividad si no existe un adecuado control a la hora de su comercialización sobre sus niveles de residuos o simplemente por haber utilizado productos no autorizados en el marco comunitario.

España, aunque es un importante productor de frutas y hortalizas con una exportación de más de 11 millones de toneladas, tiene anualmente unas importaciones de 4,1 millones, de los que 2,2 proceden de terceros países y el resto de otros países comunitarios, aunque en algunos casos se trata de productos de terceros países reexportados desde otros estados miembros.

En el caso del volumen de entradas directas de productos desde terceros países, preocupa fundamentalmente el que en los mismos haya residuos de productos fitosanitarios, herbicidas, pesticidas, etc. cuyo uso no esté autorizado o que traigan unos niveles de residuos por encima de los máximos autorizados en el ámbito comunitario.

En este sentido, datos recogidos por La Unió de la Comunidad Valenciana señalan que, solo en el mes de marzo, el Sistema Europeo de Alertas detectó 83 casos de entradas de productos de terceros países tratados con sustancias no autorizadas en la UE o con residuos por encima de los niveles máximos autorizados. En los tres primeros meses del año ese tipo de entradas se elevaba ya a 226, lo que supone un incremento del 90% sobre los datos de un año antes. Desde la organización se reclama un aumento del 50% en los controles oficiales sobre este tipo de productos, especialmente desde países como Egipto en los casos de melones y sandías, Turquía, las fresas marroquíes o las almendras con aflatoxinas de Estados Unidos por sus riesgos cancerígenos. La UE, señalan, no puede ser un coladero de alimentos de alto riesgo para la salud por sus bajos precios. El sector recrimina a Bruselas que exija a los productores comunitarios lo que no se pide a las importaciones, algo que va en contra de su futuro.