El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra en el ojo del huracán, cuestionado política, profesional y judicialmente, no solo por las últimas decisiones en esos ámbitos sino por una cuestión de fondo que muchos de sus subordinados, el resto de los fiscales del país, ponen en cuestión: su política de nombramientos, escorada hacia los miembros de la Unión Progresista de Fiscales. Pero esa es una de las consecuencias de la alternancia en el poder, la posibilidad de que exista un contrapeso en la política de nombramientos, y que en el ministerio público convivan distintas sensibilidades. ¿O es que cuando gobierna el PP, la mayoría de los nombramientos no salen de la conservadora Asociación de Fiscales?
Cierto que el motivo primigenio para que la Fiscalía General del Estado se encuentre cuestionada procede del nombramiento nada estético y dudosamente ético de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como jefa del ministerio público inmediatamente después de dejar el Gobierno, y a la que sustituyó su segundo el actual fiscal general. Que se cuestione su independencia es llamativo si se tiene en cuenta la nómina de los fiscales generales nombrados por gobiernos del PP, que realizaron nombramientos tan poco proclives a seguir las instrucciones de los ministros que estaban dispuestos a "afinar" conductas de dudosísima legalidad.
Sobre la idoneidad profesional para el cargo de Álvaro García Ortiz, se pronunció de manera insólita el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, con la oposición del presidente del órgano y de los vocales progresistas, mientras que los órganos de asesoramiento del propio fiscal general exigen que se les consulten en cuestiones de las que no tienen por qué ser preguntados, pero que vienen bien a la estrategia de la oposición.
No menos llamativa es la falta de suerte que tiene el ministerio fiscal con los jueces con sus pronunciamientos en todos los procesos de relevancia política de los últimos tiempos, desde la oposición a que se considerara terrorismo las acciones de Tsunami Democrátic durante el 'procés', a que se admita a trámite una querella del novio de Isabel Díaz Ayuso contra la fiscal jefe de Madrid por revelación de secretos, cuando se respondía desde ese organismo a una falsedad puesta en marcha por la propia presidenta madrileña, hasta llegar a que el Tribunal Supremo tenga que estudiar el recurso interpuesto sobre la renovación en su cargo interpuesto por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, un asunto en el que García Ortiz ha recusado a cuatro de los cinco jueces que deben juzgar el caso.
La guerra desatada entre el Fiscal General del Estado y el Tribunal Supremo, que ha anulado los dos nombramientos que realizó sobre Dolores Delgado, es sin cuartel. ¿Lawfare? Esa palabra tendría que estar proscrita del diccionario jurídico-político. Y además está la reprobación, sin efectos prácticos, de García Ortiz en el Senado.