La comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia vinculada, solo, a lo conocido por el 'caso Koldo-Ábalos' ha vuelto a ser un paseo militar para el interpelado, que se ha cobijado bajo un manto de desconocimiento sin que nada le perturbe y que le ha permitido asegurar que no hay ningún alto cargo de su departamento implicado en una compra irregular de los tapabocas que se destinaron a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en plena pandemia, cuando todo el mundo estaba a la búsqueda de ellos.
Una vez más los senadores que han preguntado no han podido arrancar nada al ministro más allá de las respuestas formales y acrisoladas a lo largo de los últimos meses sobre el asunto. No lo han podido hacer porque las preguntas que realizan son de manual, de lo que saben por los medios de comunicación sin que hayan aportado nada nuevo de su cosecha que pudiera poner en un brete al ministro. Grande-Marlaska ha contestado sin salirse del guion sobre las mascarillas y en cuanto a la visita de Delcy Rodríguez, no sabe no contesta, y sobre lo que puede saber, no remite al Senado las actas policiales de la visita de la vicepresidenta de Venezuela. Siguiendo la doctrina inaugurada con la querella del PP por la presunta financiación ilegal del PSOE de que lo importante no es el fondo -resultó inadmitida-, sino que habían conseguido su objetivo de situar al PSOE en la diana, lo mismo podría decirse de la comparecencia inocua de Grane-Marlaska en el Senado.
Y en lo mollar, sobre la conducta de Ábalos y su cese como ministro de Pedro Sánchez, sorpresa y "dolor" por la imputación de un compañero de Gabinete, y ninguna relación comprometida ni con Koldo García ni con Víctor de Aldama los cabecillas de la trama. Habrá que esperar a ver si los jueces encuentran conversaciones, intercambios de correos electrónicos u órdenes que revelen algo delictivo en la compra de mascarillas por parte del Ministerio del Interior. Hasta entonces habría que aplicar la menoscabada presunción de inocencia que sucumbe ante la insistencia del PP de que la corrupción afecta a una decena de ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez.
Quien también ha intentado salirse por la tangente es la presidenta de la comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras las nuevas informaciones que afectan a su pareja sentimental, el empresario del sector sanitario Alberto González Amador, al que un juzgado de Madrid ha abierto una segunda causa por corrupción en los negocios, y del que se ha sabido que se desgravaba el IVA de productos de higiene personal, reparaciones de vehículos de alta gama o de alquileres de coche en las vacaciones junto a su novia. "Un hilo dental no va a atapar la montaña de corrupción del PSOE" ha dicho la presidenta madrileña, que ha tomado lo menos, el hilo dental, por lo más, la compra de un Rolex de 8.000 euros y otros caprichos musicales. No son los mejores días para Ayuso que ve como le cerca la corrupción en el partido, con su 'número tres' investigada, y su entorno familiar tocado por las investigaciones judiciales y las revelaciones de sus líos fiscales. Y con el PP molesto por su decisión de no acudir a la reunión con Pedro Sánchez, desairando la posición de Alberto Núñez Feijóo y al resto de los barones que si han acudido a la llamada del presidente del Gobierno para defender los intereses de sus ciudadanos.