Ningún ayuntamiento está libre de que un contrato se endiable unos meses durante su licitación. Es lo que le acaba de ocurrir al de Toledo en relación al servicio de depuración de aguas residuales de la ciudad, un contrato que mantiene actualmente Aqualia y ha sido adjudicado hace dos meses a la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonenses S.A (Facsa), propietaria de Tagus, a su vez concesionaria del agua. 

El Ayuntamiento se ha visto obligado a suspender cautelarmente el nuevo contrato por decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tras admitir a trámite recientemente el recurso que ha elevado FCC Aqualia S.A., disconforme con la adjudicación. Esta licitadora ha decidido ejercer su derecho a interponer un recurso ante un tribunal especializado contra el acuerdo de adjudicación. Por tanto, este órgano tendrá que revisar la contratación de este servicio de depuración de aguas residuales, que parte con diez años de ejecución y un precio de licitación de 54,9 millones de euros.

En este caso, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha remitido al Ayuntamiento una resolución, el pasado 10 de octubre, para la adopción de medida cautelar, lo que obliga a la administración a paralizarlo hasta que el tribunal resuelva el recurso planteado por esta licitadora que se considera afectada, atendiendo a la Ley de Contratos del Sector Público. Dos días más tarde, también se dio por enterada de la situación la Junta de Contratación.

Esta suspensión cautelar, de la que se desconoce duración al estar sujeta a resolución del recurso, también ha obligado al Ayuntamiento a tomar dos decisiones por el bien del servicio de depuración de aguas residuales en la ciudad, ambas reflejadas en los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del pasado 15 de octubre. 

La primera de ellas garantiza la continuidad del contrato que acababa de vencer. En este caso, se establece una prórroga «hasta la firma del acto de inicio del nuevo contrato», una vez que se resuelva el recurso especial en materia de contratación. Por tanto,  Aqualia se mantendrá como concesionaria durante este tiempo, a contar desde el 16 de octubre, y para ello se destinará una partida de 1.058.287 euros, cuantía estimada inicialmente. 

La operación ha exigido la apertura de un expediente, la propuesta de prórroga, informes técnicos y jurídicos necesarios, y la conformidad del interventor municipal. Por último, la Junta de Gobierno Local también ha dado el visto bueno a la propuesta y ha autorizado la continuidad temporal de este contrato. En principio, se espera que no sea necesaria una segunda prórroga, pero si fuera necesario en caso de tardanza del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, el equipo de Gobierno municipal tendría que contar con otra modificación de crédito para que el servicio no se viera interrumpido. 

Por otra parte, el Ayuntamiento también ha tenido que buscar el reajuste de anualidades del nuevo contrato de depuración de  aguas residuales y ejecución de las inversiones en relación al recurso interpuesto, con el objetivo de que la nueva adjudicataria, Facsa, no se vea perjudicada. Si bien, este reajuste «no supone modificación ni de la duración del contrato, ni del precio, ni de las prestaciones; que permanecerán invariables». 

Asimismo, esta decisión del equipo de Gobierno municipal se toma porque hay saldo de crédito disponible para retener la cuantía. También porque cuenta con el informe favorable del interventor municipal. 

El nuevo contrato. El Ayuntamiento sacó a licitación en marzo este servicio orientado a la prestación de la depuración de aguas residuales en las tres estaciones disponibles en la ciudad:  Estiviel, Santa María de Benquerencia o Polígono y San Bernardo. Si bien, el anuncio chocó con las reticencias de IU-Podemos porque el contrato no incluye  un plan de concienciación ambiental y se desconoce el estado de cumplimiento del contrato que se acaba de prorrogar. 

Uno de los objetivos principales del contrato pasa por mejorar el servicio, contando también con que la adjudicataria realice mejoras en las estaciones depuradoras por valor de cuatro millones de euros. Y más de la mitad se destinará a la del Polígono para modernizar estas instalaciones y alargar su vida útil.

Además, la depuradora de Estiviel, la que concentra mayor actividad en la ciudad, recibirá más de medio millón de euros de inversión; San Bernardo disfrutará de casi 40.000 euros; y en el tanque de tormentas se plantea la implantación de un sistema de control 24 horas, una medida que acarreará un coste de 21.624 euros.

Otra de las novedades llamativas del contrato guarda relación directa con los vertidos.El Ayuntamiento ha dado un paso más y ha establecido como condición que cualquier sanción que imponga la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) recaerá en la adjudicataria del servicio. También en caso de vertido accidental, la concesionaria tendrá que encargarse de su limpieza.