A finales del pasado mes de marzo, ante las movilizaciones de protesta en demanda de otra política agraria, Agricultura presentaba una amplia propuesta para simplificar y flexibilizar la PAC, reduciendo la burocracia y haciendo más asequibles los ecorregímenes. También anunciaba un cambio en la política de comercio exterior, refiriéndose especialmente a las cláusulas espejo. Además prometía ajustes en la Ley de la Cadena y contra las prácticas comerciales desleales, más apoyos al seguro agrario, mayores ayudas para los profesionales y especialmente para los jóvenes, mejoras en la sanidad ganadera para la cabaña extensiva, etc.

En conjunto, un abanico de medidas entre las que, junto a medidas muy concretas, había otras muchas que no pasaban de ser simples promesas, con buenas intenciones, eso sí, pero sin compromisos para su desarrollo; de todos modos, el sector en conjunto lo tomó como algo positivo. En cualquier caso, se trataba de un punto de partida para negociar, bien valorado por todas las organizaciones agrarias que, a su vez, también planteaban la necesidad de incorporar nuevas demandas, lo que podría haber conducido a la elaboración de un plan nacional más allá de todos los aspectos relacionados con la aplicación de la Política Agraria Común, especialmente en lo que se refiere a la condicionalidad reforzada para las prácticas medioambientales.

Con esta oferta sobre la mesa, el proceso lógico -entienden en algunos medios de las organizaciones agrarias- habría sido abrir un periodo para incorporar nuevas demandas, analizar las mismas y elaborar un nuevo documento-oferta.

En esa dirección, desde ASAJA se valoraba positivamente lo ofrecido en materia de fiscalidad: mantenimiento de la devolución del impuesto sobre hidrocarburos en el gasóleo, reducción del IRPF en la factura de carburantes y fertilizantes y una rebaja del 15% en el rendimiento neto en el régimen de módulos del IVA compensatorio en la base imponible del IRPF para no llegar al techo de los 250.000 euros. Pero, junto a esos aspectos, se reclamaba otra política en el comercio exterior, tanto en las exportaciones como en las importaciones, con la aplicación de la cláusula espejo por la que los productos importados deben haber sido obtenidos cumpliendo las mismas exigencias que los comunitarios. También se pedían medidas para rebajar los costes de producción, bonificaciones en materia de Seguridad Social frente a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, la aplicación de la doble tarifa eléctrica para el regadío, la revisión de los seguros agrarios para adaptarlos a las nueva exigencias de siniestralidad o el control del lobo.

En términos similares y con los mismos problemas se manifestaba COAG, reclamando una política más específica para el sector ganadero, el control de las importaciones para evitar una competencia desleal, cambios en el seguro agrario para su adaptación a la realidad de los siniestros o más apoyos específicos, tanto para los jóvenes como para los profesionales del campo.

Desde Unión de Uniones se valoraba igualmente en positivo la propuesta, especialmente en lo que se refiere a la flexibilidad y simplificación de la PAC, pero se echaban en falta diferentes medidas de carácter estatal como la doble tarifa en los riegos, la insuficiencia de las medidas fiscales en años de sequía, la escasa financiación con apoyos públicos, la falta de control de los costes de producción y muy especialmente todo lo relacionado con la cadena alimentaria y las posiciones de dominio de la industria.

Urgencia.

En conjunto se debe hablar de una propuesta en positivo -aunque todo siempre es mejorable si se analiza su contenido-, pero las formas y los procedimientos para sacarla adelante han tenido lagunas debido a las urgencias políticas del Gobierno. El Ministerio de Agricultura, en su estrategia para lograr apoyos rápidos a su propuesta de 43 medidas, en lugar de abrir el debate con todas las demandas por un pacto global y con todas las organizaciones agrarias, optó por dividir los contactos y, con ello, las posiciones de las organizaciones agrarias, rompiendo la unidad de acción en la que se mantenían en los últimos tiempos.

Todo se iniciaba el pasado día 3, cuando el Ministerio procedió por sorpresa a una primera firma de la propuesta oficial con UPA, organización históricamente ligada a UGT, cuyos responsables habían valorado la misma en positivo. A la misma siguió firma la protagonizada por Unión de Uniones. En medios agrarios sorprendió que la firma con UPA fuera casi con carácter de urgencia en esas fechas de vacaciones y se interpretó como un colchón salvavidas para las intenciones o necesidades del ministro. Por otras razones, sorprendió también la llamada a la firma de Unión de Uniones, que entró por la puerta de Atocha tras años de haber estado excluida, sin motivos objetivos, de las mesas de negociaciones. Dos siglas firmando ya eran un buen botín para el ministro. Además fue noticia que Planas anunciara posteriormente en sede parlamentaria su intención de crear una nueva norma sobre representatividad en el campo, lo que se interpreta como un pago de «favor» a Unión de Uniones por firmar, una respuesta a un derecho hurtado durante años a la organización.

Con estas dos firmas en su haber, Agricultura sigue sin el respaldo de las organizaciones mayoritarias -ASAJA y COAG-, que reclaman más medidas y más concretas para dar su apoyo. Sin su firma, esas 43 propuestas quedarían en el limbo ante el hecho de que su desarrollo solo lo podrán hacer las organizaciones firmantes. Agricultura no puede cerrar un pacto dejando fuera de las futuras negociaciones a las dos siglas que representan a casi el 70% del sector y que no han firmado recelosas por las maniobras del ministro para implicar en su estrategia a otras organizaciones.