Izquierda Unida Podemos presenta una moción al Pleno del Ayuntamiento de Toledo sobre el acceso a la vivienda. El concejal José María Fernández califica de «cobardía» que el Gobierno municipal no pida a la Junta de Comunidades declarar Toledo zona tensionada, como que permite la ley (en teoría para abaratar los alquileres). Dice que actuar así «es no querer dar acceso a un derecho esencial, un derecho constitucional e internacional, un derecho fundamental de las personas» sobre el que «los ayuntamientos tienen mucho que decir» porque la ley de vivienda nacional da margen para «aproximar a la gente a este derecho».
Sus datos, asegura que sacados de informes elaborados por la EMV, indica que Toledo capital tiene 3.500 casas vacías (1.100 de ellas se presume por el poco consumo en electricidad). Esto se une a que el precio medio del alquiler (siempre según la EMV) es de 794 euros al mes (Vistahermosa más de 1.000, Palomarejos menos de 500).
Su opinión es que los salarios no permiten optar ya que «se dice que la vivienda no debe suponer más del 30% de la renta familiar» y en Toledo para las mujeres es de 17.700 y para los hombres 22.000. En el caso de los jóvenes es «más grave» porque mujeres bajan a 15.000 euros anuales y los hombres a poco más de 16.000, si «hay que pagar más de 9.000 por alquiler», más suministros y gastos cotidianos, sus cuentas no salen y «se cierra la puerta a un colectivo importante».
Explica que la ley permite conceder ventajas al mercado si se declara tensionado: en el IRPF se pueden conceder dos bonificaciones para el arrendatario de zona tensionada (hasta el 90% si rebaja un 5% el precio del año anterior). Y la ley de haciendas locales permite castigar en caso de un piso desocupado más de dos años por propietarios de más de cuatro inmuebles pude recargarse el IBI más del 50% y el 100% si es más de tres años, y multiplicarlo por 3 si los titulares tiene más de dos inmuebles cerrados en el mismo municipio.
Insiste en que la no declaración es «cruel» porque los gobernantes «no se ponen del lado de quien lo necesita» y entiende que la Junta lo podría declarar de oficio pero sería una intromisión en competencias municipales. En cuanto a las posibles promociones públicas anunciadas se queja de que la Junta alquila a más de 700 euros, que no es asumible por jóvenes, y de la EMV advierte que ya se verá el tipo de protección y habrá que ver la cantidad (14 pisos en la nueva promoción de Santa Bárbara no solucionan el problema, avisa) pero sería a futuro cuando «hay que ser sensibles a la realidad de hoy» utilizando la ley.