Cuando llega el momento de repartir el pastel, la hora de la verdad, aparecen los peores instintos, las ambiciones personales, las rivalidades y las envidias ocultas. Las miserias.

No hay partido que se salve de encontrar interlocutores a cara de perro en torno a las mesas negociadoras. Ahí no caben amistades ni historias compartidas, cada uno tira para casa y solo ceden cuando se les ofrece algo a cambio. En política es moneda corriente que se exija un cargo. Y si no se acepta, se mantiene la negociación hasta conseguir otro de la misma categoría que provoque menos reticencias.

El titular con el que se podría definir las múltiples reuniones de las que debería salir un acuerdo de coalición política, o un pacto de legislatura con diferentes socios, se podría definir con una frase muy simple: esto va de repartir sillones, no de la defensa de los ciudadanos o los intereses del país.

Yolanda Díaz, que cree encontrar solución a todos los problemas a base de sonrisas y buenas palabras, a la hora de la verdad se ha encontrado con que la lealtad pasa a segundo plano. Aunque la que más se ha caracterizado como desleal es ella misma, que no ha dudado en cortar la cabeza a quien fue una de sus principales valedores, Irene Montero. 

Ambas llevaban ya tiempo de distanciamiento y, en cuanto la gallega advirtió que Pedro Sánchez estaba dispuesto a favorecerla frente a un Pablo Iglesias que empezaba a plantear serios problemas al presidente no lo dudó ni un instante. 

Bromas ni una, así que Yolanda laminó a Montero y también a Echenique, y eligió como socio de referencia a En Comú, de su amiga Ada Colau. No estaba la vicepresidenta muy segura de que Errejón no le fallara en algún momento. El fundador de Podemos tiene muchas conchas ya en el ejercicio de la política, donde se desenvuelve con inteligencia y ha dado bandazos de un lado para otro. Así que mejor apostar por la exalcaldesa catalana, con la que la líder de Sumar mantiene excelentes relaciones.

Pero, En Comú le ha hecho un roto a su plataforma que puede influir en el voto del 23 de julio. Ha exigido que en el programa de gobierno de Sumar, en el que deben participar la docena de partidos que lo integran, se incluya el derecho de los catalanes a un referéndum de autodeterminación. Desde el entorno de la política comunista se ha explicado que no es una novedad en En Comú ni en Podemos, y que sería un referéndum pactado en una mesa de negociación, pero no es esa la terminología utilizada por el partido de Colau. 

Apretar las tuercas

No se trata de un asunto menor, en el recuerdo de todos está el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre del 2017 y sus graves consecuencias políticas y sociales. Lo sacan a la palestra los comunes en el momento menos propicio para Díaz, a la que los sondeos dan, en Sumar, bastantes menos votos de lo que auguraban los gurús de la izquierda.

Por su parte, el PP gestiona una compleja estrategia política de cara a las próximas elecciones en la que los pactos regionales con Abascal no le resten votos. Estos días en los que los dos grandes partidos, PSOE y PP, están buscando socios de Gobierno, Vox aprieta mucho las tuerzas, excesivamente, porque pretende sacar la máxima ventaja a los resultados electorales del 28-M.

Ha tenido la suerte de que Carlos Mazón se diera mucha prisa en cerrar un pacto con los de Abascal para garantizarse el Ejecutivo de Valencia -conocía además la importancia que daba el PP a arrebatar ese bastión al PSOE- y cedió demasiado ante Vox. Tanto, que el partido en el que mandan dos personajes muy cuestionados dentro de esta formación, Buxadé y Méndez Monasterio se han creído con méritos suficientes para exigir prácticamente el mismo trato, el recibido en Valencia, que en los otros gobiernos autonómicos que el PP tiene a su alcance. En algunos casos, simplemente con la abstención de Vox.

El primer candidato del PP que plantó cara a Vox fue el murciano López Miras, que conoce bien las consecuencias de gobernar en coalición. En su caso, con Ciudadanos que, incluso, promovió una moción de censura contra él. 

El otro escenario es el de Extremadura, donde una mujer casi desconocida, María Guardiola, que había llegado a un acuerdo de mínimos con Vox vio cómo Buxadé viajó a esta autonomía para dirigir las negociaciones.

Guardiola, además, no está dispuesta a asumir lo que defienden algunos dirigentes de Vox y que reiteraban precisamente durante las negociaciones, cuando negaban la violencia de género y reafirmaban su posición homófoba. Incluso, con quema de banderas LGTBI. La candidata popular rompió la baraja y advirtió que estaba dispuesta a provocar unas segundas elecciones antes de asumir en su Gabinete a personas con las que no podía compartir ideología y comportamiento. El propio Feijóo declaró que era evidente que existía la violencia de género y respaldó a su candidata, que no cede. También este pasado viernes declaró que las discrepancias entre el Partido Popular y Vox eran profundas y descartó que pudiera producirse un pacto en Extremadura.

La palabra lealtad

La situación se encuentra bloqueada de momento y el presidente en funciones, Guillermo Fernández Vara, está a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos. No le basta el apoyo de Podemos para seguir gobernando, necesitaría que Vox se abstuviese. Una situación endemoniada para la formación verde, que sabe que sus votantes no le perdonarían que pudiendo dar el Gobierno al PP, se lo entregara al PSOE.

María Guardiola ofrece a Vox la Presidencia de la Asamblea y un senador, pero Vox quiere también una vicepresidencia y una consejería. Un ejemplo claro de que cuando llega el momento de negociar surge la realidad: importan los cargos más que la defensa de los intereses ciudadanos.

No ha sido así con las fuerzas regionales. En Aragón, el candidato Jorge Azcón, del PP, exalcalde de Zaragoza, se ha encontrado con que Teruel Existe y PAR ponen el foco en los asuntos aragoneses, entre ellos, los relacionados con el trasvase de las aguas del Ebro, pero los de Abascal se resisten. 

Había acordado con Azcón que apoyaría su investidura a cambio de la Presidencia de la Cámara Parlamentaria, pero una vez que Vox la consiguió, anunció que solo apoyará la investidura de Azcón si está de acuerdo con cada punto de su programa político. La palabra lealtad no parece que forme parte del partido de Abascal.

Las negociaciones entre Vox y el PP pueden prolongarse, incluso, más allá de las elecciones del 23 de julio. Todo ello, durante una campaña electoral muy tensa, como todas, pero que en esta ocasión está muy envenenada por las exigencias de Vox que el Partido Popular considera inaceptables y que no se corresponden con el número de escaños que ha conseguido en los parlamentos regionales.

López Miras y María Guardiola, pero también el resto de los partidos, tienen por delante unas semanas de infarto. Entre otras razones, porque el comportamiento de los grupos políticos estos días afectará a las elecciones de julio. 

Los sondeos insisten en que el PP está fuerte y que Sumar y Vox no tanto, sin duda, por la percepción que tienen los ciudadanos sobre cómo se negocia, qué, quién cumple y quién no cumple sus compromisos políticos.