La embajadora de Israel ha hecho público un comunicado, evidentemente respaldado o incluso inducido por su gobierno, en el que se pide a Pedro Sánchez que condene las "vergonzosas" declaraciones de algunos miembros de su gobierno que se "alinean con el terrorismo" y ponen en riesgo la seguridad de la comunidad judía española.

El ministerio de Exteriores ha respondido diciendo que el comunicado israelí contiene falsedades, advierte que no consiente "insinuaciones infundadas" y recuerda que en España, país democrático, cualquier responsable político puede expresar libremente sus opiniones.

La embajadora ha utilizado un lenguaje excesivamente duro en el comunicado, hay métodos habituales en la diplomacia para poner sosiego cuando se tensa excesivamente la cuerda. Pero la respuesta del gobierno, además de alejarse también de las normas no escritas que obligan a serenar en lugar de echar leña al fuego en situaciones tan serias como las que estamos viviendo, alega un derecho a la libertad de expresión que, siendo un derecho inamovible, en el caso que nos ocupa merece algunas consideraciones.

Belarra se ha sumado a una manifestación de apoyo a Hamás, organización a la que en ningún caso se ha referido como grupo terrorista. Y ha atacado al gobierno israelí acusándole de genocida y pidiendo que sea denunciado por crímenes de guerra.

Ione Belarra acudió a esa manifestación siendo ministra, por eso se le pidieron declaraciones. Como ministra, no como particular. Por tanto, respetando su libertad de expresión, no puede olvidar en ningún momento quién es y a quién representa, y sería lógico que recibiera algún toque de atención del presidente de gobierno.

Pedro Sánchez es el único gobernante europeo que ha provocado una nota de protesta de Israel, precisamente cuando la UE está intentando tener cierto papel en la crisis que se vive estos días, no solo para aportar ayuda humanitaria, sino para mediar de alguna manera en la rebaja de una tensión cuyas repercusiones van mucho más allá del escenario en el que se vive la guerra.

Ocurre este episodio cuando España ocupa la presidencia de turno europea, con críticas porque más allá de la cumbre de Granada en la que no se alcanzó el importante y previsto acuerdo sobre inmigración, por Bruselas se comenta que un Sánchez dedicado a las negociaciones para ser reelegido no ha prestado la atención necesaria a sus responsabilidades europeas.

Su imagen hoy está en baja, y su autoridad en entredicho. Por el episodio de Yolanda Díaz con Puigdemont, que Moncloa insiste en negar que fuera un encargo de Sánchez -lo que es todavía peor porque significa que la vicepresidenta va por libre- y ahora por las declaraciones de Belarra, demostración de que no controla a los ministros de su gobierno. Son de Podemos, sí, pero en cualquier coalición el presidente marca la línea de actuación, que se cumple a rajatabla. Sin embargo, Díaz y Belarra se toman su autoridad a título de inventario.

Belarra ha abierto un nuevo frente al gobierno: las relaciones con Israel.