El escenario presupuestario que maneja el Gobierno central para este año se va despejando poco a poco. El reciente anuncio de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado invitaba a la incertidumbre en relación a proyectos con inversión plurianual o aplazada, ya que las inversiones previstas para este ejercicio, en principio, se quedan en el aire a la espera de mover partidas, ajustar presupuestos o detraer fondos de otros proyectos. Y en esta situación se encuentran varios proyectos ligados a Toledo capital, como el Instituto de Medicina Legal (IML), cuya construcción comenzó a mediados de julio. 

Sin embargo, según ha confirmado La Delegación del Gobierno de la región a La Tribuna, la prórroga presupuestaria no afectará a las obras de esta infraestructura que lleva esperando la ciudad más de doce años. Su construcción está garantizada a pesar de que los 2,9 millones de euros que figuraban en los presupuestos de 2023 para 2024 se quedaban en el aire en el papel. En este caso, el Ministerio de Justicia sigue adelante con sus planes sobre este edificio aunque será necesario realizar un reajuste de las anualidades para cuadrar las cuentas de la mejor manera posible.

El proyecto del Instituto de Medicina Legal se ha abaratado  600.000 euros partiendo de los cálculos iniciales en la fase de licitación, que terminó adjudicando su construcción a la empresa 'Proyecon Galicia', que está levantando este edificio en la calle Dinamarca, con un presupuesto final de 5,3 millones de euros. De esta cantidad, los Presupuestos Generales del Estado plantearon una primera inversión de 3,2 millones de euros en 2023. 

De momento, la fecha de finalización de las obras se mantiene en el primer trimestre de 2025, dado que el plazo de ejecución es de 20 meses. Sin embargo, si el proyecto sigue su curso como hasta ahora, Toledo contará con este edificio para la actividad forense a finales de 2025, dado que serán necesarios también varios meses para su equipamiento. 

En relación al proyecto, 'Proyecon Galicia', una empresa con más de treinta años de experiencia en el sector, dará forma a un edificio con una base pegada al suelo y un segundo volumen destinado a oficinas, tras eliminar la planta semisótano. La adjudicataria también trabaja teniendo muy presente la necesidad de lograr un edificio compacto, adaptado al terreno, sobrio y funcional. A estos condicionantes se sumarán una arquitectura «amable, luminosa y cercana», como se desprende del pliego de condiciones del contrato, y un aparcamiento en superficie dotado con 23 plazas.

El proyecto. La idea principal garantiza recorridos claros por el interior del edificio que eviten cruces y no obliguen a grandes desplazamientos. La construcción se sustenta en una gran planta baja que incluirá el servicio de patología forense, la clínica médico forense y acceso directo a la sala de identificación de cadáveres. Además, se ubicará la unidad ligada al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, separada del resto de salas de reconocimiento, con lo que dispondrá de una sala propia y acogedora.

Por otra parte, el  proyecto plantea un edificio suficientemente amplio para albergar salas de autopsias, cámaras frigoríficas, un laboratorio de anatomía patológica, almacenes, despachos para médicos forenses y para el equipo psicosocial, un aula docente, una biblioteca, vestuarios, el área de administración, salas de descanso y dormitorios de guardia, entre otras estancias.

El edificio buscará también la sobriedad institucional en su exterior, en contraposición con un interior más amable gracias al uso del vidrio y de la madera, dos materiales que prometen una estética más agradable.