El Juzgado de Instrucción número 1 de Toledo acaba de pronunciarse sobre la denuncia que interpuso recientemente el delegado del Sindicato de la Policía Local (SPL) y representante de los funcionarios en la Junta de Personal, Antonio González, a raíz de unas declaraciones del concejal de Personal del Ayuntamiento de Toledo, Ignacio Jiménez, que consideró ofensivas hacia su persona, y decidió acudir a la vía judicial por un presunto delito de coacciones.

Si bien, el juez ha acordado el sobreseimiento provisional de este procedimiento de diligencias previas al no observar delito. Según el auto judicial al que ha tenido acceso La Tribuna, de la denuncia presentada recientemente por el representante sindical «no se desprenden indicios de delito de coacciones» ligados al artículo 172 del Código Penal. 

En este caso, el juez considera que las declaraciones del concejal de Personal a este periódico -en las que hizo referencia a que el representante sindical no podía seguir ejerciendo el cargo y apuntó «que las formas, muchas veces, han sido inapropiadas»-son «una serie de hechos y circunstancias puestos de manifiesto en un medio de comunicación sin relevancia penal alguna». 

Por tanto, el juez plantea el sobreseimiento provisional de las actuaciones conforme al artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si bien, contra este fallo cabe tanto recurso de reforma a este tribunal como de apelación  en caso de que el delegado de SPL no esté de acuerdo con este auto judicial y considere oportuno seguir plantando batalla en los tribunales al considerar que las declaraciones de Jiménez fueron un ataque hacia su persona. 

La denuncia. El delegado de SPL dejó claro en la denuncia presentada en el juzgado que el 29 de febrero publicó un comunicado de prensa criticando «al alcalde por la gestión de un conflicto laboral» relacionado con el acuerdo que firmó el anterior equipo de Gobierno municipal sobre las guardias localizadas y al día siguiente el concejal de Personal ofreció esas declaraciones que considera ofensivas.

Sobre este acuerdo, es necesario recordar que el actual Gobierno municipal lo considera ilegal y sustenta esta afirmación en los reparos del interventor, lo que obligará a sentarse de nuevo a buscar otro acuerdo, según plantea el bipartito en los últimos días. Por contra, los policías locales mantienen las medidas de presión acordadas tras la celebración de una asamblea y han decidido no trabajar turnos extraordinarios, que son de carácter voluntario, hasta que el Ayuntamiento no abone los 1.800 euros que adeuda a cada agente por guardias localizadas. 

De vuelta a la denuncia, González califica «de muy graves» las palabras de Jiménez y manifiesta en la denuncia interpuesta que se le estaba intentando coaccionar «para dejar de ser delegado sindical» e interpreta que si él sigue «no habrá interlocución». 

A esta denuncia le ha seguido el auto de Juzgado de Instrucción número 1 que no se alinea con los planteamientos de la denuncia porque no observa coacciones en las declaraciones de Jiménez.