El Sindicato de la Policía Local (SPL) llevaba tiempo visibilizando su descontento con el actual equipo de Gobierno municipal en relación al acuerdo alcanzado en la anterior legislatura para el pago de las guardias localizadas. A pesar de las distintas reuniones  y conversaciones mantenidas con los responsables municipales, el sindicato anunció la posibilidad de movilizaciones y acciones judiciales si se vulneraba el acuerdo y los policías no cobraban ese complemento de  conectividad digital, localización y disponibilidad, firmado en la recta final de la anterior legislatura.

En este contexto, el representante del sindicato SPL, Antonio González, apuntó ayer a La Tribuna que la próxima semana se presentará «una demanda por el conflicto colectivo» en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo» para que un  juez determine si este acuerdo, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincial el 6 de junio del pasado año, se puede o no aplicar.

González entiende que el acuerdo está vigente y los agentes han realizado estas guardias localizadas, pero no las han cobrado. Si bien, el delegado sindical es consciente de que llevar a los tribunales un conflicto laboral administrativo requiere paciencia porque su resolución tardará meses.

otro caso. González, delegado de SPL y representante de los funcionarios en la Junta de Personal, también se ha visto obligado a recurrir a la vía judicial recientemente tras las declaraciones del concejal de Personal, Ignacio Jiménez, en las que el representante sindical considera que son un ataque hacia su persona. 

En este caso, explica que el concejal aseguró recientemente que él no podía seguir desempeñando su cargo como delegado sindical y aludió a que las formas habían sido muchas veces «inapropiadas». Si bien, González insiste que representa a los policías locales de manera legal y ha sido elegido «de forma democrática. Si bien, se ha visto obligado a presentar una denuncia penal por coacciones, tal y como anunció recientemente a través de un comunicado de prensa.