Cuando las cosas salen bien se tiende a repetir. A los Letrados de la Administración de Justicia no les ha salido mal la huelga de más de dos meses, que se ha saldado con un aumento retributivo y algunas mejoras a pesar de que haya reivindicaciones que sigan en el tintero, y ahora las secciones sindicales avisan que llegará en breve otra protesta, la de los funcionarios de la administración de Justicia. 

En principio, salvo que se produzca una negociación y un acuerdo antes, la huelga comenzará el lunes y afectará de lleno de nuevo a los juzgados de la capital y de la provincia de Toledo, entre otros, porque la convocatoria está destinada a los 45.000 funcionarios que integran los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio de Justicia, es decir, a las plantillas de los juzgados en las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias y Castilla-La Mancha es una de ellas. 

Los juzgados de Toledo se verán bastante afectados por esta nueva huelga, dado que arrastran las consecuencias de la protesta de los Letrados de la Administración de Justicia, que ha ocasionado la paralización de buena parte de la actividad en todas las jurisdicciones, y la falta de medios personales y materiales que acusan desde hace muchos años y refleja la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) en cada ejercicio. 

De momento, resulta imposible calcular los daños de esta huelga que convoca CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG, aunque, en principio, su duración dependerá de las negociaciones y de un posible acercamiento con el Ministerio de Justicia en relación a la asignación de funciones, y a una subida salarial, ya que «la modificación al alza de las retribuciones de un cuerpo tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos y categoría», según los sindicatos.

En principio, está previsto la realización de paros parciales el lunes y una primera jornada de huelga general dos días más tarde. Si bien, viendo el resultado de la protesta de los letrados de Administración de Justicia, con más de dos meses de huelga ininterrumpida, es posible que la protesta se extienda en el calendario y afecte gravemente  a la actividad judicial, salvo para todo lo que entre en servicios mínimos.

También resulta complicado calcular los efectos que ha dejado la protesta que acaba de finalizar, pero se apuntan retrasos de hasta uno o dos años en algunos juicios, según se ha apuntado desde el ámbito estatal, aunque cada partido judicial arrastrará sus más o sus menos meses de retraso. En el caso de Toledo, capital, se han suspendido más de 1.500 asuntos, la mayor partehan sido juicios, desde el 24 de enero, aproximadamente el 70% de los aplazados en la provincia. También hay 2.000 demandas pendientes.

Más ejemplos. El efecto llamada de la huelga de los antiguos secretarios judiciales no es algo novedoso porque ha ocurrido en más ocasiones. Sin ir más lejos, los funcionarios de Justicia ya protestaron en 2018 y solicitaron en primavera cobrar el mismo sueldo que los de las comunidades transferidas y en otoño los jueces y fiscales secundaron movilizaciones y una huelga para mejorar sus condiciones. Dos años más tarde les tocó el turno a los abogados de oficio.

En los últimos 18 años, los funcionarios se han movilizado en varias ocasiones. En 2005 se sumaron a la primera huelga del ámbito judicial, con un apoyo del 70%; y tres años más tarde volvieron a reivindicar mejoras. También en 2021 hubo una intensa negociación con el Ministerio de Justicia y obtuvieron un aumento de 190 euros en el sueldo.