El Grupo Socialista en la Diputación de Toledo ha mostrado su rechazo al nuevo convenio firmado por el Gobierno del PP y Vox con Cáritas para gestionar las ayudas de emergencia social a las familias que lo necesiten. También, critican que se haya puesto fin al convenio de 600.000 euros que la administración tenía junto a Cruz Roja y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que en los ocho años que estuvo vigente dio amparo a 1.108 familias en la provincia con 1622 ayudas. Además, el PSOE ha manifestado que continúan investigando el proceso de las oposiciones de empleo público para tomar las medidas oportunas una vez finalicen las pruebas.
La portavoz del Partido Socialista en la Diputación, Tita García Élez, ha exigido esta mañana al Gobierno del Partido Popular con Vox trasparencia en la adjudicación de las ayudas de emergencia social tras el convenio que la institución ha firmado con Cáritas para que gestionen la cooperación en los municipios con menos de 6.000 habitantes. Un acuerdo gestionado por la ultraderecha desde el área de Bienestar Social, Familia y Juventud y que se produce tras poner fin al que existía desde 2016 con Cruz Roja y el Gobierno regional, en el que se hacía "un control exhaustivo" por parte de los trabajadores y las trabajadoras sociales.
En rueda de prensa, García Élez ha asegurado que "la falta de planificación del actual gobierno", publicando las convocatorias y resolviéndolas en el mismo mes de agosto, provocará que "las ayudas de emergencia social van a llegar a menos gente que en años anteriores" porque "los ayuntamientos no tienen tiempo para presentar toda la documentación".
Del mismo modo, la portavoz ha mostrado el respeto de su grupo hacia los trabajadores y las trabajadoras de Cáritas que recibirán y gestionarán las solicitudes de ayuda por parte de las familias, al mismo tiempo que ha criticado que, en las localidades donde la organización no cuente con instalaciones, se encarguen las parroquias.
Por ese motivo, al PSOE le parece "un auténtico retroceso en las políticas de servicios sociales" y una "vuelta a la beneficencia contra la que se ha luchado desde todos los organismos y gobiernos del Partido Socialista al igual que han hecho los trabajadores y las trabajadoras sociales", afirmando que "se deben dignificar los servicios y las prestaciones sociales". Además, García Élez ha instado al Partido Popular a que demuestre "valentía" para no "dejarse llevar por su socio de gobierno" en temas tan delicados y tan preocupantes para la ciudadanía.
Ayudas según número de habitantes. La nueva vinculación supone que el Gobierno de la Diputación "parta en dos" el convenio que existía con Cruz Roja y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, destinando una partida de 300.000 euros al acuerdo con Cáritas y otros 300.000 euros a una línea de ayuda de emergencia social de la propia institución provincia para localidades con más de 6.000 habitantes, en las que son sus propios servicios sociales los que ejecutan las ayudas.
Para el Partido Socialista, diferenciar la asistencia social por número de habitantes y sin un criterio técnico es un "error" porque "la vulnerabilidad y la necesidad no está cuantificada en un municipio de menos de 6.000 habitantes o más". La portavoz socialista ha remarcado no entender "el criterio" que ha seguido el Ejecutivo provincial ya que "hay familias vulnerables en municipios de 20 habitantes, de 50, de 200 y de 200.000". También ha asegurado que la falta de rigor imposibilita saber si una familia cuenta con otras ayudas sociales, como el Ingreso Mínimo Vital.
Igualmente, el PSOE ha defendido que las subvenciones de emergencia social que puedan recibir los ayuntamientos "se sumen y no sustituyan" a las que ya tienen "para que así puedan llegar más ayudas a los vecinos y las vecinas".
La "falta de información" del Gobierno provincial respecto a las ayudas hace que "muchos ayuntamientos no sepan si pueden optar a las ayudas", lo que ha llevado al Grupo Socialista de la Diputación a exigirle al Gobierno del Partido Popular con Vox que "vuelva al sentido común" y "aplique criterio, rigor y control a las subvenciones que se conceden con el objetivo de llegar al mayor número de personas vulnerables que lo necesiten".