Varias propietarios de las comunidades de propietarios de la Fase III del Polígono, que recibieron las llaves hace cinco años, se están encontrando con la sorpresa de que la Junta de Comunidades ni siquiera les está admitiendo a trámite la renovación de la subsidiación de intereses, que les toca revisar en estos momentos. Una sorpresa desagradable que en los casos más graves, les va a suponer tener que pagar de su propio bolsillo hasta cien euros más de hipoteca al mes. Varios vecinos de la comunidad Fuente del Moro 2, de 167 viviendas y situada en la avenida de Boladiez, se han unido para presentar una reclamación, y si no prospera, acudirán a los juzgados.

El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 establecía una ayuda anual (aunque se dividía por meses) para el pago de la hipoteca en las vivienda de protección de entre sesenta y cien euros por cada diez mil de préstamo. Una vez concedida esta ayuda, la administración revisaba la situación del concesionario a los cinco meses, y si continuaba entrando dentro del baremo económico, la subsidiación continuaba otros cinco. El BOE publicó el 14 de julio un real decreto ley que suprime la subsidiación de préstamos.

Es a esta medida del Gobierno central a la que se acoge la Junta para no admitir a trámite siquiera la presentación de la renovación de las ayudas. Sin embargo, el abogado Julián Sánchez Rojas, que va llevar las reclamaciones, interpreta que la supresión de ayudas es para las que se tienen que conceder todavía, pero el real decreto no tiene que afectar a las renovaciones, «porque esta no es una ayuda que se tenga que reconocer, porque ya está reconocida por diez años, lo único que se hace, porque así lo establece el real decreto que lo regulaba, es revisar la documentación para ver si se renueva».

Vía adminitrativa y judicial. La idea en primer lugar es recurrir por vía administrativa todas las inadmisiones a trámite por medio de un recurso de alzada, que posiblemente se presentará durante esta semana. Y si la contestación de la Junta es negativa, como sospecha el letrado, se podrá acudir a la vía judicial. «Aunque ya nos permiten ir directamente a la vía judicial, queremos agotar antes la vía administrativa», explica Sánchez.

El mismo problema se está repitiendo también entre los primeros compradores de urbanizaciones como la de Urbis, y seguirá ocurriendo también en las de todo el entorno. El abogado se muestra convencido de que más propietarios es unirán a la reclamación. Si al final se ve necesario presentar una demanda, esta será conjunta.

Finalmente, Sánchez advierte que ha habido vecinos a los que desde la Junta les han dicho que no presenten la documentación de la renovación, porque no se la van a conceder. El abogado advierte que la administración está obligado a recoger todos los documentos, y recomienda a los vecinos que si no les cogen los papeles en Fomento, los presenten en Administraciones Públicas.