El Parlamento Europeo ha reclamado este martes a la Comisión Europea que actúe para cumplir los derechos de los alumnos de habla castellana en la escuela en Cataluña y garantizar que su enseñanza incluye un porcentaje mínimo de lengua castellana.

El informe aprobado por la Comisión de Peticiones de la Eurocámara -con 19 votos a favor y seis en contra- pide al Ejecutivo europeo "entable un diálogo con el Estado miembro y ofrezca asistencia técnica para abordar las cuestiones de derechos fundamentales y que adopte medidas para garantizar que España hace cumplir los derechos de los niños de habla castellana en las comunidades bilingües".

Entre las recomendaciones adoptadas, el informe "condena cualquier forma de discurso de odio" y "pide a las autoridades regionales que vigilen de cerca este comportamiento inaceptable y que sancionen a los autores". También solicita establecer "un protocolo de defensa y protección para las personas en situación de riesgo, incluidas las familias que recurren al sistema judicial".

Igualmente, el texto aprobado por Peticiones reclama al Gobierno y a la Generalitat que "ayuden a poner fin a la violación de los derechos fundamentales de los padres, los niños y las familias y a protegerlos".

El informe asegura que el sistema de inmersión lingüística limita en la práctica la libertad de circulación porque "impide a las familias que se trasladan a Cataluña estudiar en castellano, lengua oficial, lo que afecta a sus derechos y restringe sus opciones de búsqueda de empleo en su propio país y, por tanto, en la Unión".

Respecto a las horas lectivas en castellano, insiste en que en asignaturas como la educación física o las actividades extraescolares, no puede equipararse ni computarse a la enseñanza de materias troncales, como las matemáticas o la historia. En este sentido, señala que los centros educativos de Cataluña deben ofrecer a los alumnos oportunidades adecuadas para que adquieran un buen dominio tanto del catalán como del castellano.

Por su parte, la Comisión Europea ha insistido en la importancia de que se cumplan las sentencias judiciales, aunque ha vuelto a advertir de que no tiene competencias para actuar en el ámbito de la educación, ya que se trata de un ámbito nacional.