En medio de un escenario laboral complejo en el que 2023 arrancó con la pérdida de 215.047 afiliados a la Seguridad Social y 70.700 personas más en paro, y con una cifra de desocupados de 2,9 millones de personas en España, el Gobierno se ha armado de valor y ha aprobado una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros brutos por 14 pagas con el consenso de los sindicatos CCOO y UGT y con el rechazo de la patronal CEOE, Cepyme y ATA.

Una decisión que no ha estado exenta de polémica desde el punto de vista político, puesto que la oposición tilda al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «electoralista», al entender que lo que se busca, al subir 80 euros brutos al mes, es el voto de los trabajadores más vulnerables en un año en el que se celebran en España comicios municipales, autonómicos y nacionales.

En el plano económico, la iniciativa preocupa puesto que, según critican ciertos economistas, con un país que va a recortar su crecimiento del 5,5% de 2022 a poco más de 1,1% en 2023, según los principales organismos financieros, con un mercado laboral que se desangra al registrar una tasa de paro del 13,1%, casi el doble que la media comunitaria que está en el 6,6%, y con un paro juvenil del 29,6% frente al 15% de la UE, por no hablar del más de un millón de hogares con todos sus miembros sin trabajo, elevar el salario mínimo en 344 euros al mes desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno y un 52% en los últimos cinco años supone una decisión cuestionable ante la realidad del tejido productivo nacional.

En este sentido, esta mejora retributiva se plantea como reto reducir el riesgo de exclusión social de las clases trabajadoras más vulnerables puesto que, según un informe del INE, España cerró 2021 con un 21% de la población con ingresos por debajo del umbral de riesgo de pobreza, motivado por la inflación, la subida de tipos de interés, los altos precios de la cesta de la compra o la energía.

La decisión ha abierto un debate en el que mientras el Ejecutivo y los sindicatos defienden que es una media social contra la desigualdad, motivada por la caída del poder adquisitivo de los trabajadores con rentas más bajas ante la alta inflación que cerró en el 8,5% en 2022, la patronal, por su parte, justificó su oposición señalando que no están de acuerdo con todo lo que encarezca sus costes de producción y que eleve las cargas fiscales que están entre las más altas de la UE.

Pero, más allá del debate político o del de la concertación social, el análisis de los efectos de la subida del SMI arroja elementos positivos y otros peor valorados. 

Para los economistas, en general, el alza es positivo puesto que activa el consumo y mejora el poder de compra de los trabajadores con más dificultades, además, de incrementar la recaudación de Hacienda.

Advertencias

No obstante, advierten que puede ocasionar otro tipo de efectos. En primer lugar, incrementar los despidos de aquellas empresas que vayan muy justas en sus presupuestos, y una subida de costes les pueda suponer pérdidas o bajar su rentabilidad a cotas que ponen en peligro su producción. Otra consecuencia es que se puedan reducir las horas de contratación de los trabajadores que tienen en plantilla con el agravante de exigirles la misma productividad, lo que podría suponer hacer trabajos fuera del horario establecido y sin remunerar.

Finalmente, apuntan al peligro de que muchos trabajadores se pueden pasar a desempeñar su actividad en la economía sumergida, lo que restaría la recaudación fiscal de Hacienda y crearía competencia desleal con empresas legales.