El Estado abonará finalmente un 41 por ciento más de lo que solicitaba inicialmente la concesionaria de la autopista AP-41 Madrid-Toledo como compensación por no permitirse que la vía de peaje llegara hasta Andalucía. Esta indemnización fue valorada por la empresa en unos 100 millones de euros, pero el Ministerio de Fomento le abonará finalmente algo más de 141 millones en un plazo de 29 años, prácticamente coincidiendo con el final de esta concesión. Así se recoge en el Real Decreto que regula esta compensación, publicado en el Boletín Oficial de Estado.

Este decreto atiende a una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en 2011, en la que se reconocía el derecho de la concesionaria a que el Estado la compensara al no cumplirse las condiciones previstas en su adjudicación. Pero aquel triunfo de la empresa fue sólo parcial. Pedía una compensación total de 420 millones de euros, prácticamente equivalentes a su coste de construcción, de los que 320 millones correspondían a la pérdida de negocio que les había generado una autovía paralela a su tramo madrileño, la M-407. El Supremo desestimó esta cuestión, porque la Comunidad de Madrid había anunciado su intención de hacer esta autovía antes de la adjudicación de la autopista.

El alto tribunal sí acepto el daño denunciado por la no ampliación de la vía de peaje hasta Montoro (Córdoba),  recogido en el proyecto original pero paralizado por invadir zonas naturales protegidas como la ZEPA de Los Montes. Este perjuicio fue valorado por la concesionaria en los 100 millones restantes, aunque esperaba mejorar la cifra tras negociar con Fomento.

El decreto que termina este contencioso calcula la indemnización final estimando el tráfico de la Autovía  A-4 que la AP-41 habría podido absorber si hubiera logrado ser una vía de peaje alternativa para ir de Madrid a  Andalucía. Se calcula que habría quitado un  12, 68 por ciento del tránsito de la vía pública. Con esto, se fija en los presupuestos del Estado unos pagos que arrancan con tres millones de euros en 2016 y  van creciendo hasta culminar en los 6,9 millones de 2045.

La acumulación de deudas llevaba a la gestora de la autopista, formada por el portugués Banco Espirito Santo y las   constructoras Isolux, Sando, Azvi y Comsa, a declararse en concurso de acreedores por un pasivo de 523 millones de euros en 2012. Este débito ha aumentado ya, entre otros factores, por el aumento de costes en las expropiaciones de terrenos. El tráfico sigue muy por debajo de las previsiones con que se justificó su construcción, 25.000 vehículos diarios, quedando en 755 el año pasado.