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Buenas noticias para los propietarios de viviendas de protección que habían dejado de cobrar la ayuda a las subsidiación de intereses de su hipoteca. Porque la Junta de Comunidades revocará todas las resoluciones denegatorias de prórroga de subsidiación solicitadas hasta junio de 2013 y dictarán nuevas resoluciones dando la prórroga. Así se lo ha asegurado a Ángel María de Sancha Bech, representante de la Plataforma de Afectados por la Supresión de la Subsidiación. En agosto de 2014 el Gobierno nacional dio marcha atrás y reconoció que los adjudicatarios que cumplan las condiciones verán renovada la ayuda a los intereses. Recientemente, el director general de Vivienda le aseguró al propio Sancha que es va a proceder a reconocer todas las renovaciones que cumplan los requisitos, hayan acudido o no a los juzgados. Eso sí, será de forma lenta porque hay que revocar todas resoluciones denegatorias.
No obstante, la plataforma va a continuar trabajando para que las renovaciones de la subsidiación solicitadas después de 2013 también sean efectivas. Y pedirá un nuevo plazo de seis meses para que los propietarios que no pudieron pedirla antes lo hagan ahora. Así lo explicó ayer Sancha en una charla informativa sobre la vivienda de protección que ofreció junto al economista Fernando Lillo en el centro social polivalente del Polígono, y que estuvo organizada por la Asociación de Vecinos El Tajo y Vivienda Protegida Sí.
Hay que tener en cuenta que en el barrio del Polígono todas las viviendas son de protección oficial, y muchos de los propietarios que compraron la suya durante la última década se han visto afectados por la decisión del Gobierno de no admitir a trámite la renovación de su subsidiación. De ahí que hayan visto incrementada su hipoteca considerablemente. La subsidiación de intereses es una ayuda a la cuota mensual de la hipoteca, que la administración concedía por diez años, si bien los beneficiarios tenían que pedir la renovación a los cinco. Es ahí donde el Gobierno decidió suprimirlas en primera instancia.
La presión ciudadana, de asociaciones como la Plataforma de Afectados por la Supresión de la Subsidiación, defensores del pueblo y de las sentencias en contra han llevado al Gobierno nacional a hacer una rectificación. Finalmente, accedió a que los planes anteriores al 2009-2012 no estén afectados por el Real Decreto Ley 20/2012. Este texto en principio quitaba la renovación a las subsidiaciones solicitadas en el mencionado Plan. Pero el Gobierno hizo una interpretación más amplia, y se la retiró también a los beneficiarios de planes anteriores. Ahora rectifica, y las distintas comunidades autónomas van a devolver el dinero que tendrían que haber subvencionado a las personas beneficiarias.
A partir de ahí, la Plataforma seguirá luchando por todas aquellas personas incluidas en el Plan 2009-2012, a las que se les sigue negando la renovación de la subsidiación. Así lo define la disposición adicional segunda de la ley 4/2013, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Los afectados en esta situación pueden reclamar judicialmente a la espera de que el Constitucional se manifieste.
Además, explicó Sancha, la Plataforma también va a luchar por todos aquellos beneficiarios de la ayuda que no solicitaron la renovación «porque les dijeron que no la presentaran, dado que se había suprimido, porque el banco no se lo comunicó, o porque no tuvieron la oportunidad, una vez suprimidas las instancias de la web y de las oficinas». Se trata de una bolsa de familias muy grande para la que la Plataforma reivindica un periodo extraordinario de seis meses para reclamar. La idea es tener en cuenta la «foto fija» de los ingresos de aquel momento, para ver ahora si estas personas tienen derecho o no a la renovación.
Sancha advirtió que tanto en uno como en otro caso, la concesión inicial ya establecía el plazo de diez años de ayuda, un dinero vinculado al préstamo cualificado. De ahí el argumento de que «las subsidiaciones reconocidas lo estaban hasta el final del plazo». Advierte que «quien se equivocó hace dos años no puede pensar que eso no tiene consecuencias y lo que se les está diciendo es que asuman sus responsabilidades y se lo concedan a todo aquel que cumplía».
De momento, sólo han cobrado sus atrasos los afectados que tienen una sentencia favorable en los juzgados, pero previsiblemente irán cobrando los demás. Todos ellos, explicó Sancha, tendrán que pagar la parte correspondiente a Hacienda con carácter retroactivo, como renta irregular. Pagará desde la fecha en la que se dejó de percibir.