Los cinco trabajadores de la empresa que se encargaba del servicio de centralita del Parque de Bomberos de Talavera exigen su reincorporación a sus puestos así como el pago del salario de los meses de mayo a diciembre de este año. Así lo ha trasladado a La Tribuna uno de los trabajadores del Centro Especial de Empleo Eboratel, S.L, empresa que se ha encargado de prestar este servicio en la ciudad durante más de dos décadas.

Tal y como ha explicado este afectado, desde el pasado abril no perciben su salario, pese a haber continuado en activo en el parque talaverano tras su incorporación al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo. Una integración que fue el origen de la polémica en torno a este servicio, que se tradujo en una denuncia por parte de la empresa adjudicataria, que exige su subcontratación por parte del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo para seguir prestando este servicio.

Desde la empresa pidieron medidas cautelarísimas, concedidas por el juzgado y recurridas por la otra parte, que les ha permitido seguir trabajando desde el parque talaverano, aunque sin cobrar desde mayo. 

Ahora, una sentencia dictada el pasado diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, anula las medidas cautelares «por un defecto de forma, pero no entra a valorar el fondo de la cuestión» y retrotrae las actuaciones a la situación previa a la anulación de esas medidas del 8 de mayo de 2023. Por ello, «siguen vigentes las medidas cautelarísimas del 27 de abril», incide este trabajador, quien subraya que, por tanto, los cinco empleados deben «seguir trabajando».

En concreto la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, ordena «retrotraer las actuaciones a los efectos de que (...) se otorgue la preceptiva audiencia al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos de la provincia de Toledo.

Además, desde la empresa subrayan que la sentencia no es firme, sino que cabe recurso. Por el momento, el abogado de la empresa que venía prestando este servicio ha presentado un escrito al Consorcio y al Ayuntamiento de Talavera para que se les reincorpore a sus puestos de trabajo y se les abonen los sueldos de los ocho meses que han estado trabajando sin cobrar.

«Se nos está asfixiando porque interesa que nos quedemos sin dinero para que no nos quede más remedio que irnos», ha denunciado este afectado, quien precisa que el pasado 31 de diciembre se les impidió ya el acceso a su lugar de trabajo, aunque la sentencia era del 7 de ese mismo mes.