Entre las medidas que ha puesto en marcha la Comunidad de Regantes de La Sagra-Torrijos están el desistimiento del expediente de concesión de aguas, para mostrar a la Administración la oposición del 95% de los propietarios al regadío ideado sin contar con los agricultores afectados,; además, la denuncia, incluso en vía penal, por el riego sin autorización y la demanda judicial a las Administraciones implicadas (Confederación Hidrográfica del Tajo y Consejería de Agricultura) para que se les permita el examen de los proyectos, costes, subvenciones, entre otros.

Asimismo, en un intento de presión desde los poderes públicos locales, la comunidad ha mantenido encuentros con los alcaldes de los municipios donde hay agricultores afectados, no sólo  de Cabañas, Magán, Mocejón, Olías del Rey, Bargas y Villaluenga sino también otros de la zona donde residen profesionales del campo que cuentan con terrenos en esos términos municipales. Se ha logrado el apoyo de estos, pero nada nuevo en lo referente a la principal preocupación que les atañe.

Por otro lado, se han pedido informes que recojan los gastos derivados de la construcción de la infraestructura, para poder comprobar que efectivamente las tasas concretadas se corresponden con el gasto ejecutado, no en vano se trata de un canon muy alto para tratarse de una obra que se desarrolló a lo largo de los años 90, cuando los costes no eran comparables a los de la actualidad. Pero no se ha obtenido la información requerida a la CHT, por lo que la sensación de indefensión sigue más que latente.