El gran reto de facilitar una vivienda digna a todas las familias, con especial atención a aquellas con ingresos más bajos, ha llevado al Ministerio de Vivienda a presentar el nuevo índice de referencia de precios del alquiler. Se trata de un mecanismo de control de tarifas de arrendamiento que ve la luz nueve meses después de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Vivienda, la primera normativa de la democracia que regula el mercado residencial en España.
Este nuevo baremo, que entrará en vigor en 10 días, topará el precio máximo de los contratos de alquiler en zonas que sean declaradas tensionadas en dos casuísticas: el indicador afectará a grandes tenedores (caseros con más de cinco o 10 inmuebles dependiendo la comunidad autónoma) o a casas que lleven vacías y fuera del mercado de arrendamiento como vivienda habitual en los últimos cinco años como, por ejemplo, pisos turísticos que vuelvan al residencial tradicional.
El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, anunció ayer que el nuevo índice de valores de referencia para limitar los precios del alquiler en áreas tensionadas, que está disponible desde ayer, es un sistema de rango de tarifas, que establecerá precios máximos y mínimos para una vivienda a partir de las características de la misma.
Además, esta legislación es homogénea para todo el territorio nacional de base tributaria y se actualizará cada año.
La iniciativa consistirá en un sistema de rangos a partir de una serie de características del inmueble tales como la superficie, el estado conservación, si tiene ascensor o no, aparcamiento, año de construcción, zonas comunes y otras que tienen el objetivo de que las fincas «con menos valor» no puedan incrementar su precio al ser equiparadas con otras de mayor calidad en la misma zona.
David Lucas explicó que este modelo es de base tributaria, por lo que se ha utilizado la última declaración de la renta de los distintos propietarios que, en el caso de este año, será la de 2022, y se actualizará anualmente con la última que esté disponible.
Unas restricciones que «solo» se podrán aplicar en el caso de que la autonomía solicite declarar una zona como área tensionada, ya que la competencia en materia de vivienda es de las administraciones regionales, tal y como recalcó Lucas. Actualmente, solo Cataluña lo ha solicitado para un total de140 municipios de la Comunidad.
Casos especiales
En esta línea, el número dos de Vivienda precisó que el País Vasco y Navarra no tendrán aún disponible este sistema al contar con regímenes fiscales distintos y no haber podido acceder a través de su Agencia Tributaria a las rentas de los propietarios, la base de este sistema. En este sentido, el secretario de Estado indicó que «se está trabajando» para desarrollar esta nueva ley con ambos territorios.
Al ser preguntado por otras comunidades interesadas por el índice de referencia, Lucas aseguró que Asturias o Navarra han expresado que les gustaría establecerlo en sus regiones, aunque no lo han verbalizado al Ministerio ni lo han pedido explícitamente. «Invito a otras comunidades a que puedan declarar zonas tensionadas», apeló.
Tal y como explicó Lucas, una vez declarada el área como tensionada, en las viviendas ya arrendadas, el nuevo contrato de alquiler «estará referenciado al suscrito anteriormente», es decir, se congelará la renta, una vez aplicada la cláusula de actualización anual, que en 2024 está limitada al 3%, por lo que el precio solo podrá disminuir a partir de la negociación entre arrendador y arrendatario y la legislación funcionará «solo de referencia» para conocer el valor real del inmueble en alquiler.
Sin embargo, si el piso en renta pertenece a un gran tenedor el precio del nuevo contrato no solamente tendrá en cuenta las estipulaciones anteriores, sino que además se hará la referencia con el sistema de tarifas de alquiler y se tendrá en cuenta «el menor de los valores», por lo que en este caso sí que se podrá mermar la renta, según el índice publicado por el ministerio que preside la ministra Isabel Rodríguez.